13/7/08

¿A quién defiende el defensor universitario de la UAL?

Hacía falta que tuviéramos un defensor universitario, una persona independiente, capaz de defender los derechos de los miembros de la comunidad universitaria cuando estos fueran vulnerados por alguno de los órganos de gobierno de la Universidad de Almería (UAL), una persona que no temiera enfrentarse con el poderoso cuando fuera por una causa justa, como lo es la defensa de los derechos de los administrados frente a los administradores. No hay nada más digno a la vez que gratificante.
¿Por qué se ha tardado tanto en conseguir que tuviéramos en la UAL un defensor universitario? ¿Es que no interesaba que existiera una figura así? Dicho lo cual también hemos de preguntarnos: ¿Ha merecido la pena la larga espera hasta el nombramiento de Antonio Pulido Bosch?
En mi caso, puse en manos de Antonio Pulido Bosch dos temas en los que creía que mis derechos como miembro de esta comunidad universitaria habían sido vulnerados y he tenido la oportunidad de hablar en varias ocasiones con él sobre diversos problemas que nos afectan. Tras tres meses menos un día de espera ha resuelto mi queja (parece querer cumplir los plazos legales, aunque agotándolos, lamentablemente: tras tres meses sería silencio administrativo). Todo el proceso, mi queja, sus actuaciones y su contestación, lo iré desglosando en diferentes mensajes porque creo que nos puede interesar a todos y puede ayudar a mejorar la calidad de nuestros servicios públicos. Lo cierto es que me ha decepcionado su comportamiento.
Ahora quiero detenerme en la última parte de su escrito, que copio textualmente:
Dice Antonio Pulido Bosch: “Quiero terminar con una recomendación general: absténgase de difundir en la red de la UAL los contenidos de las quejas presentadas al Defensor, especialmente cuando se dan nombres e interpretaciones de hechos que pueden afectar a la honorabilidad y buen nombre de las personas. Esa recomendación es extensiva a las valoraciones de naturaleza similar hechas en la misma red, aunque no sean documentos presentados al Defensor. Como sabe, en la institución hay mecanismos e instancias en donde puede presentar sus reclamaciones y escritos de índole diversa”.
Como se puede ver, ni comparto ni acato su “recomendación general”, pues precisamente denuncio que, en ciertos temas en los que me he dirigido a diversas instancias de la UAL, incluida la suya, he podido comprobar que no funcionan correctamente y creo necesario que se sepa, responsabilizándome de lo que digo, como pido que se responsabilicen de sus actos los responsables universitarios, que para eso les pagamos.
No puedo entender que el Sr. Pulido Bosch me indicase que, en su opinión, era yo quien vulneraba los derechos de la mayoría de los miembros de la Univesidad (así me lo dijo), a lo que le respondí y me reitero en ello: “¿A qué espera Usted, Sr. Pulido Bosch, para actuar?”. Se escudó en que nadie me había denunciado y le recordé que puede actuar de oficio. Me dijo que es potestad suya hacerlo o no. Le pregunto ahora, públicamente: “Sr. Pulido Bosch, ¿está Usted dispuesto a ignorar disfunciones y vulneraciones de derechos fundamentales en la Universidad de Almería, ignorando sus competencias? Si cree realmente que soy yo el responsable, ¿a qué espera para pedir que se me abra un expediente disciplinario”. Por cierto, no sería la primera vez, pues ya me impusieron una sanción por un supuesto trato irrespetuoso con un superior que un juez anuló por considerarlo abuso de poder y mala fe por parte de Alberto Fernández Gutiérrez, que había hecho las veces de juez y parte, por cierto sin tan siquiera abrir un expediente disciplinario (véase la noticia ) y a los interesados les puedo facilitar toda la documentación.
Continuará.

Archivo: Primera sanción en la historia de la Universidad de Almería

La impuso Alberto Fernández Gutiérrez, entonces Presidente de la Comisión Gestora de la Universidad de Almería, el 2 de abril de 1996 a un servidor, profesor de dicha universidad. En el equipo de gobierno que impuso la sanción se encontraba Pedro Molina, entonces vicerrector. Oficialmente fue por un supuesto trato irrespetuoso o "persistencia de la incorrección con las autoridades académicas e incluso con los órganos de gobierno de esta Universidad" por parte del referido profesor, según se decía en la notificación. La realidad es que yo estaba apoyando diversas denuncias de alumnos ante las disfunciones que se producían en esta Universidad. La respuesta del Presidente de la Comisión Gestora, Alberto Fernández Gutiérrez, fue la de intentar reprimir a los denunciantes para acallar y tapar sus denuncias en lugar de investigarlas y solucionar los problemas que se denunciaban.
La sanción fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía en sentencia firme nº 407 de 1999 "por no ser conforme a derecho y por no haberse seguido los trámites establecidos en el Real Decreto 33/86". La sentencia establece que "la sanción que se le impone conculca la legislación vigente incurriendo en desvío de poder y abuso de buena fe" por parte del Presidente de la Comisión Gestora, Alberto Fernández Gutiérrez. Para el Tribunal, "es claro que no se ha seguido el trámite regulado en el artículo 18 del Real Decreto 33/86 (el Reglamento de Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado), puesto que la sanción se impuso de plano, sin seguirse el mínimo trámite exigido de audiencia al inculpado previo a la imposición de la sanción, lo que llevaría como consecuencia la nulidad del procedimiento". Pero el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía va más lejos y con respecto al fondo del contenido del escrito presentado el 13 de marzo de 1996, que fue el que motivo la sanción, señala que "en sí mismo, no denota falta de respeto o consideración con iguales o superiores" y afirma que "esta Sala no entiende existan motivos para la imposición de la sanción de apercibimiento por los datos que obran en el escrito inicial del expediente y en su consecuencia lo procedente es la anulación de la sanción impuesta".
Se trataba de la primera y única sanción impuesta a un profesor en esta Universidad, resultando curioso -a mi entender- que hubiera sido por supuesto trato irrespetuoso a un superior. Precisamente, quien suscribe, con anterioridad a la sanción, venía denunciado al Presidente de la Comisión Gestora una serie de irregularidades relativas a denuncias de alumnos no atendidas por la Inspección de Servicios y el mismo Alberto Fernández Gutiérrez. En próxima fecha reproduciré el escrito que presenté ante el Presidente de la Comisión/Rector el 27 de marzo de 1996, previamente a la imposición definitiva de la sanción, escrito en el que se denuncian hechos similares e incluso idénticos a los que al día de hoy sigo denunciando porque, hasta ahora, la respuesta de las autoridades universitarias ante los problemas ha sido no afrontarlos para solucionarlos, sino taparlos y tratar de reprimir a quienes los denuncian.