4/8/08

Incompetencia jurídica del Rectorado de la UAL

Para aquellos que no dispongan de mucho tiempo para leer todo el mensaje, expongo la conclusión a la que llego: Creo que el Rector, Pedro Molina, o, en su caso, quien le confecciona las resoluciones que me ha notificado, no tiene sólidos conocimientos de derecho o, en su defecto, está prevaricando, siendo ambos supuestos de suma gravedad, por lo que se deberían tomar medidas urgentes.
Hace aproximadamente un año, el 31 de julio del 2007, recibí la resolución por parte del Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina García, de un recurso que le había presentado el 13 de abril. En él, impugnaba la convocatoria de una reunión extraordinaria del Departamento de Filología y cada uno de los acuerdos adoptados en la misma, pues entendía que el entonces Director, Javier Fornieles Alcaraz, abusaba de las convocatorias de reuniones extraordinarias. El orden del día de aquella reunión era el siguiente:
- Aprobación, si procede, de proyecto de tesis doctoral (S. Ridao)
- Autorización, si procede, para virtualizar asignaturas optativas y de libre configuración.
- Autorización para participar, si procede, en el proceso de renovación de ordenadores.
En el recurso le indiqué a Pedro Molina que había existido tiempo para convocar la reunión de forma ordinaria y no estaba justificado el carácter extraordinario y que, desde hacía varios años, Javier Fornieles convocaba numerosas reuniones con carácter extraordinario sin justificación alguna, en lugar de con carácter ordinario, como puede comprobarse en el libro de actas, habiéndose convertido ésta en una forma habitual de proceder por lo que entendía yo que podía estar incurriendo en fraude de ley, por utilizar una figura jurídica (la reunión extraordinaria) como forma ordinaria de proceder. Lo que a mi entender subyacía en el fondo de la cuestión era la voluntad de Javier Fornieles de que no hubiera reuniones con el punto de “ruegos y preguntas” pues, tras rechazar él una y mil veces mis peticiones de que se incluyeran en el orden del día temas en los que se denunciaban irregularidades importantes en el seno del Departamento, entre ellas algunas cometidas por él mismo (detallaré algunas en un próximo “cómo cobrar y no trabajar en la UAL”), tampoco quería él que las pudiera plantear en ruegos y preguntas.
Aunque mi especialidad no es Derecho (soy profesor de Estudios Árabes e Islámicos), alcanzo a comprender que la resolución del Rector Magnífico debía entrar en si estaba o no justificada la convocatoria extraordinaria, si todos y cada uno de los temas mencionados eran tan urgentes como para motivar el carácter extraordinario y en comprobar, como le denunciaba, si había habido tiempo de convocarla con carácter ordinario y no extraordinario. Pero no, no entraba en ello, sino que se basaba en la declaración genérica que le hacía Javier Fornieles de que “las reuniones extraordinarias del Consejo del departamento vienen motivadas generalmente por la necesidad de atender alguna petición de informes o de solicitudes que reclaman otros servicios de la Universidad”. O sea, que en nuestro departamento hemos de actuar deprisa y corriendo porque así se hace en toda la Universidad. Aquí hacemos todo deprisa y corriendo, por lo que debe ser un milagro que salgan bien las cosas. Bromas aparte, es muy triste y preocupante el tema. En ningún momento se justificaba la urgencia de todos y cada uno de los puntos a tratar y, sin embargo, Pedro Molina resolvía sin comprobar los hechos.
En su momento no denuncié este tema en el juzgado porque, por un lado, Javier Fornieles convocó una nueva reunión de departamento el 27 de abril e incluyó los mismos tres puntos del orden del día y, ésta vez sí, era una reunión ordinaria (¿se puede aprobar dos veces lo mismo?) Quedaba demostrado que los puntos no eran tan urgentes como para justificar que se trataran en reunión extraordinaria. Esta importante circunstancia, producida con posterioridad a mi recurso, se obviaba en la contestación de Javier Fornieles a Pedro Molina y también en la resolución de este último. Por otro lado, el mencionado director pasó a mejor vida (Pedro Molina lo nombró Vicerrector de Estudiantes) y el nuevo director, Juan Luis López Cruces, dejó de abusar de convocar reuniones extraordinarias, por lo que, por mis otras ocupaciones, dejé dormir el tema.
Seguramente me equivoqué en no pedir responsabilidades y no exigir a las autoridades, que cobran unos sueldos complementarios por administrarnos, que nos administren bien y no abusen del poder que se les concede, de forma que las actitudes abusivas tengan un coste y dejen de producirse.
Hace unos días, el 1 de agosto (resulta curioso que Pedro Molina se espere a esas fechas tan veraniegas y vacacionales para resolver los recursos que le presento), me ha notificado la resolución de un nuevo recurso que le había planteado y que paso a explicar: Con fecha del 25 de abril de 2008 le había presentado uno contra la aprobación de un acta del consejo de departamento en el que el nuevo director, Juan Luis López Cruces, había sometido a votación dos de las numerosas correcciones que me había visto obligado a hacer, relativa una de ellas a irregularidades en la docencia que entiendo que se quieren ocultar. En la votación a la que sometió mi propuesta de modificación el director se dio un curioso resultado: dos votos a favor de mi modificación (el mío propio y el de una alumna que tiene conocimiento directo de las irregularidades que se han producido en esa asignatura por haberla cursado), dos votos en contra de mi modificación (los del Director y el Secretario) y 12 abstenciones. Total, que se me atribuyó un ruego que no es el que había formulado y no se quiso incluir el que verdaderamente había realizado pues, en caso de empate, el voto del director vale doble y dirimió así el empate, sin entrar verdaderamente en si ese era en realidad mi ruego o no.
Pedro Molina o quien le haya confeccionado la resolución que ha firmado, según me ha dado traslado María Luisa Trinidad García, Secretaria General, parece querer decirme, por un lado, que no es un acto administrativo lo que yo recurro. En mi recurso se puede leer claramente que recurro la aprobación del acta. Me pregunto: ¿no es un acto administrativo dicha aprobación¿ ¿o es que no ha leído bien mi escrito? Por otro lado, me indica que el recurso se ha interpuesto fuera del plazo legal correspondiente a un recurso de alzada, pues la aprobación se produjo el 27 de febrero del 2008. Esto es cierto, aunque el acta en el que se decía que se había aprobado aquella otra acta planteó serios problemas y el director del Departamento propuso posponerla “para llegar –según él- a un mejor acuerdo con D. Jorge Lirola sobre algunos puntos del texto”, aparte del hecho de que Juan Luis López Cruces no me remitió copia de documentación que le pedí el 29 de febrero hasta el 25 de junio, para comprobar diversos extremos.
De cualquier forma, entremos en el fondo y en los hechos que entiendo que pueden ser punibles y no objeto de un simple recurso de alzada y que, como funcionario, puse en conocimiento de mi superior, el Rector, “para que, de no ser subsanados inmediatamente, abra una investigación por si constituyen encubrimiento de irregularidades en el ejercicio de la función pública y falsedad en documento público al no recogerse el verdadero sentido de mi ruego e impedir que se recoja, con el tema de fondo de las irregularidades en una asignatura que se han producido a lo largo de diversos años por lo que me consta fehacientemente, lo que está substanciado en reclamaciones presentadas en la inspección de servicios y el Departamento de Filología por diversos alumnos y por mí mismo”. Así se lo pedí expresamente a Pedro Molina, sin que, en su resolución, compruebe los hechos y resuelva lo que él cree que es el fondo sin establecer estos hechos, que son claves: ¿el ruego que aparece en el acta atribuido a mí realmente es el que hice denunciando la pasividad del director ante las irregularidades? ¿Se han tergiversado mis palabras en el acta? Considera Pedro Molina que el acta se ajusta a derecho a partir de un informe del director del Departamento, Juan Luis López Cruces, que contiene numerosas falsedades que paso a detallar, sin que, insisto, el director entre en ningún momento a mantener que ese fue realmente mi ruego y que mis palabras no han sido tergiversadas.
Dice Juan Luis López Cruces, refiriéndose a mí: “se alteró sobremanera porque yo, en calidad de moderador, no consideré que procediera debatir asuntos en los que había pleno acuerdo con el fin de que la reunión no se alargara innecesariamente” y añade que no planteé objeción ni tampoco manifesté durante la reunión la intención de impugnar la aprobación del acta, que estuve de acuerdo durante la propia reunión con el procedimiento, etc. Es absolutamente cierto que me alteré, pero no por lo que él dice, sino porque me parece indigno que se decida por votación, sin mediar intervenciones sobre si eso fue lo que manifesté y rogué y no se incluya el verdadero sentido de mi intervención y del ruego que formulé, seguramente para ocultar las irregularidades que me constan que se han producido y la pasividad del anterior director, Javier Fornieles, y del nuevo, Juan Luis López Cruces. Me alteré especialmente cuando formulé mi voto particular hasta el punto de ponerme a llorar sin que ello me impidiera manifestar mi indignación porque creo que “más grave que el comportamiento de quienes cometen irregularidades, como es que no se dé clases en una asignatura, que se adelante más de un mes el examen por parte de la profesora de forma unilateral, y otras que he puesto en conocimiento de la dirección del Departamento, es el de aquellos que teniendo conocimiento y competencias para afrontarlas constructivamente para que se reparen los daños y no vuelvan a producirse las irregularidades decidan tratar de taparlas y hacer oídos sordos a las denuncias de las mismas” (así lo consigné en un escrito dirigido a Juan Luis López Cruces, quien, curiosamente, dice que me mostré de acuerdo entonces) y me alteré especialmente por el procedimiento que decide utilizar una persona de la que he sido compañero de estudios en EGB, en BUP y en este mismo Campus universitario en el que, por cierto, teníamos profesores que no venían entonces a clase y de ello también se quejaba Juan Luis entonces y ¿ahora ampara que algunos profesores no cumplan con sus clases? Me duele también por lo que supone que, a quien he considerado compañero y amigo, ahora, desde su puesto de director, decida no hablarme, me exija que si tengo algo que decirle que lo haga por escrito y decida dirigirse a mi con el tratamiento de usted, confundiendo, entiendo yo, lo que es verdaderamente el respeto, que no debe ser un mero formalismo. Quizá sea cierto que, con frecuencia, el poder insensibiliza y ciega.
Entiendo que la situación es preocupante, por el abuso de poder que considero que se está produciendo al resolverse los recursos sin contrastar los hechos. Sería importante que los aquí mencionados contestaran a este mensaje, pues mis acusaciones son muy graves. ¿Es falso testimonio lo que digo? ¿Lo van a permitir?
Además, estoy a la espera de que Pedro Molina resuelva otros dos recursos importantes por el fondo que subyace a los mismos. Ambos los presenté el 8 de julio y en uno le pedía que lo resolviera de forma urgente, pues entiendo que la Dirección del Departamento se ha apartado gravemente de la legalidad vigente y son nulas de pleno derecho todas las reuniones que se están convocando desde el 30 de junio de 2008 y, lógicamente, todos los acuerdos adoptados en las mismas, por no seguirse el procedimiento legalmente establecido (se han adelantado en echarme de la Junta de Dirección, que es la que establece el orden del día de las reuniones del Consejo de Departamento, sin esperar a que lo decidiera el Consejo del Departamento, que es el órgano colegiado que tenía la competencia para hacerlo).
Por otro lado, desde el 8 de mayo de 2007 vengo pidiendo a Pedro Molina una entrevista para exponerle personalmente diversos hechos graves que afectan al funcionamiento y la credibilidad de la institución que él dirige y en la que yo trabajo, entre otros lo que puede ser una malversación de fondos públicos. Se lo he reiterado varias veces, por escrito, y en petición directa a su secretaria, quien no me contesta cuando le pregunto qué razón da Pedro Molina para no recibirme o si es que ella no le dice que de forma reiterada desde hace más de un año le sigo pidiendo la entrevista. ¿Es que no tenemos vías y cauces de solucionar los problemas en la propia Universidad? Los hechos que voy comprobando me dicen que no, que no funcionan algunas instancias que son clave y que, por lo que contrasto, con frecuencia no parece haber voluntad por parte de ciertas autoridades de solucionar los conflictos. Quizás tengamos que recurrir a ámbitos ajenos a la Universidad para tratar de que se haga algo y que esta universidad pública que estamos pagando todos con nuestros impuestos mejore.