22/12/11

Denuncia de acoso, persistente, en la Universidad de Almería

Como Profesor de la Universidad de Almería, el Rector de la misma, Pedro Molina, me sancionó con 4 años y 3 meses de suspensión firme de funciones por denunciarlo yo por considerar que había prevaricado y cometido otros delitos penales, además de denunciarlo también por acoso laboral. Él lo consideró un trato irrespetuoso con un superior y un atentado grave contra la dignidad de un funcionario y la Administración.
Al querer yo aprovechar esa suspensión para ampliar mi formación y decidir matricularme en el segundo ciclo de Filología Hispánica y poder así salir licenciado en esta otra Filología (yo estoy licenciado y doctorado en Filología Semítica), solicité la matriculación y empecé a asistir a clases con regularidad.
Acabo de recibir una notificación de que, por resolución del Vicerrector de Estudiantes, José Guerrero, no dejan que me matricule en Filología Hispánica porque "los profesores no se pueden matricular en los centros donde imparten docencia", pero lo curioso del caso es que yo no imparto en estos momentos docencia por resolución firme de Pedro Molina (estoy sancionado por un periodo de 4 años y 3 meses y yo creo que con menos tiempo me basta para sacarme la carrera).
Como no estoy de acuerdo, voy a presentar recurso de alzada ante el Rector, Pedro Molina, pues me parece muy injusto y podría ser un indicio de que el acoso que sufrí como profesor quieren mantenérmelo ahora como alumno.

31/10/11

Pedro Molina García me echa. Yo me quedo

Ante la sanción que me ha impuesto Pedro Molina, hoy es el último día en que podré utilizar estas listas de la Universidad de Almería y otros bienes muebles e inmuebles de la misma. Pedro Molina me impide hacerlo a partir de mañana. Pero no me podrá prohibir que siga trabajando desde los pasillos y otros ámbitos para conseguir que lo que considero una injusticia no pase desapercibida y la sanción finalmente se le imponga a quien realmente se la merece.
Estoy convencido de que si existe corrupción y de que si personas corruptas nos gobiernan en algunos ámbitos es porque queremos y les dejamos, con nuestra pasividad o con nuestra aquiescencia, haciéndonos cómplices de una u otra forma, desde mi punto de vista.
He sido, soy y seré un defensor del espacio público. Llevo más de 20 años trabajando en universidades públicas y, aunque Pedro Molina quiera echarme, yo no me voy, sino que seguiré trabajando, tanto en mis proyectos de investigación, como en mis reivindicaciones, en la defensa del espacio público de todos, sin permitir que una persona que yo considero que está actuando de forma corrupta en los temas que he planteado se adueñe de ese espacio de todos.
Sé que no soy el primero ni, desgraciadamente, seré el último al que un corrupto sancione y sufra su acoso laboral, pero intentaré, con todas mis fuerzas, establecer un referente positivo que sirva para luchar contra la corrupción universitaria.
Os doy las gracias a todos lo que os habéis sumado a algunas iniciativas que pretenden que se investiguen los hechos y se depuren las oportunas responsabilidades, tras el esclarecimiento de los hechos y no antes. Con las actividades que iré realizando quiero transformar esta injusticia que entiendo que me realiza Pedro Molina en una oportunidad para establecer ese referente positivo contra la corrupción universitaria, de modo que, para mí, a partir de ahora, consideraré un honor, más que un desmérito, el que Pedro Molina, un rector al que yo he denunciado por corrupción, me haya sancionado precisamente por hacer públicas mis denuncias. Lo destacaré en mi curriculum entre las distinciones y galardones conseguidos y a partir de ahora todos los trabajos de investigación que firme, que espero que sean muchos (trabajaré por ello), los rubricaré del siguiente modo: "Profesor Titular de Estudios Árabes e Islámicos, sancionado y suspendido temporalmente por Pedro Molina García, rector de la UAL, por haberlo denunciado públicamente por prevaricacion, fraude, tráfico de influencias, difamación, acoso laboral y abuso de poder".
Me gustaría que Pedro Molina me impusiera lo que yo considero una distinción en acto público, pero como seguramente no se prestará a ello y como dice el dicho de "si la montaña no viene a Mahoma, pues Mahoma irá a la montaña", trataré de que así sea o, por lo menos, públicamente, conteste a una serie de preguntas que considero claves y que tratarán de dejarlo en evidencia.
Por una universidad que trabaje por desterrar de ella la corrupción.

25/10/11

Notificación de la sanción

El rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina, me ha notificado que me impone la sanción de "suspensión firme de funciones de 4 años y 3 meses, lo que lleva aparejado que el funcionario (osea yo) queda privado del ejercicio de sus funciones y de todos los derechos inherentes a su condición", por lo que he de dejar de utilizar a partir del 1 de noviembre de 2011 cuantos bienes muebles e inmuebles -ubicados en la Universidad- viniera usando por mi condición de Profesor Universitario durante ese tiempo.
Es decisión de Pedro Molina, Rector de la UAL, a quien he denunciado por prevaricación, fraude, tráfico de influencias y acoso laboral. Entendiendo yo que su decisión no es sino fruto de una represalia y acoso laboral.
Según Pedro Molina, que, a mi entender ha actuado de juez y parte, soy culpable de grave perturbación del servicio, de grave desconsideración con los superiores (con él en concreto) y soy culpable de atentar gravemente contra la dignidad de los funcionarios (otra vez él) o de la administración (la Universidad de Almería).
Pedro Molina, como rector, puede impedirme que deje de dar clases y deje de investigar en el seno de la Universidad de Almería, hasta que un juez se lo impida. Pero no podrá pararme en otros ámbitos en los que seguiré trabajando.
Pedro Molina puede quitarme temporalmente el despacho, pero no los pasillos, en los que podréis encontrarme o junto a su despacho, protestando al tiempo que trabajando en mis proyectos de investigación.
A mí me parece una injusticia y por eso voy a luchar para que se me restituya en mis funciones.
Por la larga experiencia que ya tengo (hace 15 años me pusieron una sanción leve -ésta la han catalogado como grave- también por un supuesto trato irrespetuoso con un superior. Pedro Molina entonces era vicerrector en lugar de rector --lleva más de 20 años agarrado al poder--), éste no va a anularla sanción de ningún modo (sería reconocer que ha resuelto injustamente y a
sabiendas, osea, que ha prevaricado). En la otra ocasión, aunque la sanciónera solo una mancha temporal en mi expediente, que desaparecía en unos meses y no suponía nada más, considerándola yo más bien un mérito, se movilizaron algunos sindicatos y también un colectivo de ciudadanos, de forma que el rectorado acabó por inventarse "la inejecución con efectos retroactivos", de forma que la sanción no se llegaba a ejecutar y la medida tenía efectos retroactivos de modo que había que entender como que no se había llegado a imponer. Yo mantuve el contencioso y finalmente, tras varios años, me dieron la razón los jueces que se ocuparon del tema y anularon la sanción, si bien, dado que iba sólo por el contencioso administrativo, no tuvo ninguna consecuencia para el Rector, salvo una declaración de los jueces de que había cometido abuso de poder, entre otras cosas.
Caben, por tanto, muchas actuaciones. Yo particularmente voy a ejercitar lasque se me vayan ocurriendo y estén a mi alcance y, lógicamente, agradeceré todas las que partan de otras personas o colectivos.
El Fiscal, Antonio Pérez Gallegos, sigue sin querer saber nada, al igual que el Presidente del Consejo Social de la UAL, Joaquín Moya-Angeler, que también lo es de las de toda España. Asimismo, el Ministro de Educación Ángel Gabilondo, como Presidente del Consejo de Universidades, en el que está Pedro Molina. La Inspección de Trabajo siguesin contestar y el Juzgado de Instrucción sigue sin poner fecha al acto de conciliación que pedí (mi abogada está más que extrañaba y dice que no es nada normal). A todas esas instancias les voy a seguir denunciando los hechos, hasta que se pronuncien y, si no lo hacen, dejaré constancia de ello, difundiéndolo. He pedido que se pronuncie el Consejo de Departamento y estoy a la espera de qué hace la Junta de Personal Docente e Investigador.
Me parece sangrante que sea el mismo Pedro Molina, al que he denunciado públicamente, el que me sancione, actuando de juez y parte, precisamente por darle difusión a mis denuncias contra sus actuaciones. Entiendo que no es sino una represalia ante mis denuncias y un intento de acallar cualquier crítica que se le quiera hacer. Me parece indigno que, en lugar de denunciarme él ante un juez o la fiscalía, para que una autoridad independiente y no él investigue todos los hechos y pida responsabilidades a mí o a quien proceda, se tome él mismo, como Rector, la justicia por su mano. Pero no me extraña pues esto no hace sino confirmarme que Pedro Molina actúa de forma corrupta. Desde mi punto de vista, si existe corrupción, a cualquier nivel, es porque los ciudadanos lo permitimos y con nuestro silencio o con nuestra resignación, no hacemos sino darle carta de naturaleza. Y más las instancias competentes, como la fiscalía y otras en este caso, que tienen como cometido actuar contra la corrupción. Para mí, que no se haga nada ante ello es más grave que el hecho mismo de que Pedro Molina actúe de forma corrupta. Es por eso por lo que lo que realmente me habría minado es el no haber hecho lo que estoy haciendo, procurando eso sí no poner todas mis fuerzas en una única cosa (aprendí a diversificar y a ser realista y práctico, sin perder el tener ideales) y sabiendo que mi batería interna se sigue recargando constantemente con las diversas actividades que realizo, tanto académicas como personales. En lo que algunos han calificado de travesía del desierto, seguramente encontraré muchos oasis (algunos ya sé donde están), pero otros serán inesperados para mí y, sin duda, harán que esto merezca la pena, de cualquiera de las formas.
No espero nada, pero no será la nada en lo que yo quiera quedarme, por lo que sigo adelante con todas mis actividades, actuando responsablemente y pidiendo responsabilidades a los responsables.

Respuesta a Dña. María Luisa Trinidad, Secretaria General de la UAL

Comunicado en respuesta al realizado por Dña. María Luisa Trinidad, Secretaria General de la Universidad de Almería:

Le agradezco, Sra. Trinidad, la sensibilidad y la profesionalidad, como profesora de derecho, que demuestra en el comunicado que hizo público el pasado 30 de septiembre.

Según Usted, debo denunciar el acoso laboral que considero que vengo sufriendo al acosador o a una persona que trabaje para él. Es como si la persona maltratada hubiera de denunciar el maltrato al maltratador. Excelente consejo, que lamento no haber seguido, pues lo he denunciado al Fiscal Jefe, D. Antonio Pérez Gallegos, a la Junta de PDI de la Universidad y a la Inspección de Trabajo, aparte de públicamente para intentar mitigar sus efectos. Seguramente me he equivocado y esas instancias no son las adecuadas y no investigarán nada. Sin duda, el Rector o alguna autoridad nombrada por él sí habrían llegado al fondo y hubieran aclarado si me están acosando o no.

El procedimiento que se ha seguido en el expediente sancionador que se me abrió ha sido “sumamente garantista de los derechos de la persona afectada”, como Usted dice. No cabe la menor duda. El Rector, D. Pedro Molina, al que denuncié, es quien pidió que abriera diligencias previas a su inspector, D. Antonio Sánchez Cañadas, a quien había denunciado yo diversas veces por tapar denuncias de irregularidades producidas en la Universidad. Éste le dijo a aquél, para el que trabaja, que se me debía abrir un expediente sancionador, entre otras cosas, por trato irrespetuoso con un superior, que es él, el Rector, y por atentado grave contra la Administración, a la que él representa, y aquel le pidió a éste y a su Director del Secretariado de Deportes, D. Raúl Pérez Guerra, que instruyeran el expediente. La recusación que presenté contra los instructores la desestimó el Rector, D. Pedro Molina, y la que formulé contra él no la aprobó el Consejo de Gobierno en el que él tiene mayoría. Las solicitudes de prueba que le he solicitado al instructor las ha desestimado, pues, según él no aportan nada, dado que ya está todo claro. Sin duda, es sumamente garantista. La sanción la tenía garantizada yo. Sólo había que determinar el tiempo de sanción: cuatro años y tres meses de suspensión de mis funciones.

He tenido acceso al acta que Usted levantó del Consejo de Gobierno que trató la recusación que había presentado yo contra el Rector, D. Pedro Molina, si bien no he podido leer quiénes eran los asistentes ni que hubiera una votación y cuál fue el resultado de la misma, por no consignar Usted esos extremos. Me temo que entre los asistentes se encontraban D. José Luis Martínez Vidal, a quien había denunciado por participar en lo que considero un concierto delictivo para que una determinada persona consiguiera una cátedra, Usted misma, a quien denuncié por los mismos hechos, y otras personas nombradas por el propio D. Pedro Molina, que votarían en contra de la recusación. No tengo nada personal contra él, sí contra algunas de sus actuaciones como Rector, que he denunciado públicamente. Y entiendo que el expediente sancionador que me ha abierto él mismo y que llevará a que él mismo me sancione ante la propuesta de sanción de la persona que ha nombrado también él mismo, no es sino una represalia por las denuncias que formulé contra él, lo que desde mi punto de vista no es sino una prueba más del acoso laboral que sufro.

Dígame, por favor, Sra. Trinidad, si miente o no D. Pedro Molina cuando en la contestación a la suspensión cautelar al juez D. Jesús Rivera Fernández, le dice que “la Universidad de Almería ha convocado la plaza de Catedrático de Árabe por existir necesidades docentes, siendo imprescindible el cubrir tal puesto de Profesor antes del comienzo del Curso próximo, a fin de evitar daños a los universitarios que accederán a las aulas en el mes de septiembre de 2011”. Para mí, es mentira lo que dice, pues incluso, cuando lo dice, la cátedra la había obtenido la persona para la que se había pensado: una profesora que ya tenía su plaza en la Universidad de Almería. Pero quizá el problema es que diga yo que el Rector, D. Pedro Molina, está mintiendo, pues ello, al parecer, no es sino un trato irrespetuoso con un superior y un atentado grave contra la institución que representa, independientemente de que sea verdad o mentira. Lo siento, pero lo digo: El Rector, D. Pedro Molina miente, una vez más, y lo digo porque no quiero que se me indigesten las mentiras del actual Sr. Rector, como tampoco las que creo que Usted, por acción o por omisión, también realiza (y se las puedo detallar). Sanciónenme. Seguramente me lo merezco por no querer mentir y decir las cosas como las constato, con nombres y apellidos, para que cada cual nos responsabilicemos de lo que hacemos y nadie trate de utilizar las instituciones o los cargos como parapetos.

Me sancionarán, sin duda, pero trataré de que no consigan acallarme.

Jorge Lirola Delgado (Profesor Titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Almería)

Más información en:

http://www.youtube.com/watch?v=AH7wZeGBMg4 (Indignado con la corrupción en la Universidad)

http://www.youtube.com/watch?v=hAz9lbj3Rg0 (La actuación del fiscal ante la corrupción universitaria)

http://www.youtube.com/user/alandalus222#p/a/u/0/xcfsMjEmE5o

Posición de la JPDI en el caso del expediente abierto a Jorge Lirola:

Reproduzco el comunicado de la Junta de PDI (Personal Docente e Investigador) de la Universidad de Almería:

La junta de PDI, en reunión plenaria constituida en sesión extraordinaria el día 20 de septiembre de 2011, en relación con la solicitud de amparo a esta Junta presentada por el profesor Jorge Lirola así como con el expediente abierto por la Inspección de Servicios de la Universidad de Almería a este profesor, y teniendo como objetivo que se garanticen los derechos del trabajador en todas las circunstancias

HA ACORDADO EXPRESARSE ANTE EL SR. RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS:

PRIMERO.- El profesor Jorge Lirola ha solicitado amparo a la junta de PDI por un posible caso de acoso laboral por parte del Inspector de Servicios y del Rector de esta Universidad. Entendemos que, sin entrar a valorar los hechos, un posible caso de acoso laboral es un hecho lo suficientemente grave como para activar los protocolos de identificación y de actuación en este tipo de situaciones. Es por lo que

SOLICITAMOS

Que se active el protocolo para la detección de situaciones de acoso laboral y que en todo caso actúe la Vicegerencia de Coordinación y Seguimiento de los Servicios, responsable de dicho protocolo.

SEGUNDO.- Esta junta no entra a valorar la corrección o el ajuste a derecho de la apertura de expediente al profesor Lirola por los hechos y manifestaciones que se le imputan. No obstante, con el objetivo de preservar las máximas garantías para el trabajador, entendemos que no es conveniente que aquellas personas que sean parte directamente afectada en los hechos se encuentren a su vez en el proceso de instrucción del expediente y de sanción. Es por lo que

SOLICITAMOS

La paralización del expediente sancionador del profesor Jorge Lirola hasta que se tengan informes de juristas y de expertos en derecho administrativo que ofrezcan puntos de vista independientes donde se pronuncien sobre si procede llevar a cabo el procedimiento de expediente sancionador en este caso y, en el caso de que proceda, en cómo hacerlo.

TERCERO.- Aun en el caso de que se haya actuado conforme a lo que solicitamos en el punto anterior, esta junta estima desproporcionada la petición de sanción realizada como conclusión a dicho expediente (que hemos conocido a través de la documentación aportada por el profesor Lirola y de sus manifestaciones públicas). Entendemos que la sanción propuesta no está en consonancia con la supuesta gravedad de los hechos o el perjuicio que haya podido ocasionar tanto a la Universidad de Almería como al normal desempeño de la actividad universitaria, habida cuenta de las sanciones impuestas a otros compañeros, en casos anteriores, en los que el perjuicio a la universidad o la actividad universitaria era claramente mayor. Es por lo que

SOLICITAMOS

La suspensión de la sanción prevista o, en su defecto, que se le aplique la sanción mínima establecida en la legislación.

Además de garantizar los derechos del trabajador, la intención de la Junta de PDI es preservar las buenas prácticas y la imagen de la institución universitaria a la que pertenecemos, la del Rector, y la de toda la comunidad universitaria.

Almería 22 de septiembre de 2011.

14/9/11

Adivina, adivinanza

Hoy he presentado una recusación para que Pedro Molina, Rector de la Universidad de Almería, al que he denunciado públicamente por prevaricación, fraude, tráfico de influencias, difamación y acoso laboral, no sea quien actúe como juez y parte en el expediente sancionador que él mismo decidió incoarme por tal denuncia y tampoco se acepte que sea él el que nombre al que instruye el expediente, a su inspector de servicios (que me quiere suspender cuatro años y tres meses).
¿Quién va a ser el que resuelva la recusación? y ¿en qué sentido la va a resolver?
Pista para los que les cueste adivinarlo: En la Universidad de Almería (y es posible que en más universidades) se ha permitido que sea una profesora (Luisa Arvide Cambra) la que nombre al tribunal que iba a juzgarla a ella y a otros posibles candidatos para una cátedra y eligió a Francisco Franco, María Jesús Viguera y Josep Puig, que la valoraron, curiosamente, 100 sobre 100. Había hablado con otros catedráticos, pero como no tenía seguridad de que la fueran a votar, pues decidió no proponerlos.

10/9/11

Actuación del Fiscal

Os agradezco a todos aquellos que os hayáis interesado por el tema y hayáis enviado mensajes a distintas instancias (según pedía en: http://1001denuncias.blogspot.com/2011/06/como-digo-en-otro-lugar-creo-que-tan.html)
Esas instancias que deberían tomar cartas en el asunto, como el Fiscal, quieren quitarse el muerto de encima y no quieren investigar los hechos, en una acción que a mí me parece muy poco profesional. A aquellos que escribisteis al Fiscal y hayáis recibido una contestación evadiendo el tema, os propongo el envío del siguiente mensaje (a enviar a atencionalciudadano.fge@fiscal.es y fiscalia.al.ius@juntadeandalucia.es):
Estimadas/os Señoras/es:
Les agradezco su contestación al correo electrónico que les remití al tener conocimiento de la denuncia que formuló Jorge Lirola Delgado contra el Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina García, y en relación a la misma quiero comunicarles varias cosas:
1) Como podrá comprobar por la contestación adjunta del Fiscal Jefe de Almería, éste reconoce que no procedió a practicar diligencia alguna, sin tomar declaración a los testigos ni comprobar los hechos denunciados, que son relativos a prevaricación y fraude, ambos delitos según el código penal.
2) Jorge Lirola amplió la denuncia con otros hechos, entre los que el más grave es el acoso laboral que dice sufrir por parte del Rector de Almería, sin que hasta ahora conste que haya procedido el Fiscal de Almería a investigar la denuncia y llegar al fondo de la misma. Le adjunto una de las últimas comparecencias realizadas por el denunciante y que éste me ha hecho llegar donde se refiere a ello.
A la vista de los hechos y de lo que el denunciante pide y yo mismo pedí en la solicitud anterior que le formulé, entiendo que se deben investigar los hechos denunciados y pedir responsabilidades, de forma que si el Fiscal comprueba que son falsas las denuncias formuladas exija responsabilidad a Jorge Lirola Delgado, como él mismo pide, o si comprueba que son ciertas esas denuncias, emprenda las acciones oportunas contra los infractores. Le reitero que el tema, por su gravedad, no puede quedar sin ser investigado y, de una u otra forma, no puede quedar impune. Y ello ha de investigarlo el Fiscal y pedir responsabilidades a quien corresponda y no permitir que sea el propio denunciado el que tome responsabilidades disciplinarias al denunciante en lo que podría ser un abuso de poder.
Atentamente
Quien no haya mandado los mensajes antes y quiera unirse a quienes sí lo han enviado, os hago otra propuesta, a enviar igualmente a atencionalciudadano.fge@fiscal.es y fiscalia.al.ius@juntadeandalucia,.es), modificando ligeramente la anterior:
Estimado Señor Fiscal:
He tenido conocimiento de la denuncia que formuló Jorge Lirola Delgado contra el Rector de la Universidad de Almería, Pedro Molina García, y en relación a la misma quiero comunicarles varias cosas:
1) Como podrá comprobar por la contestación adjunta del Fiscal Jefe de Almería, éste reconoce que no procedió a practicar diligencia alguna, sin tomar declaración a los testigos ni comprobar los hechos denunciados, que son relativos a prevaricación y fraude, ambos delitos según el código penal.
2) Jorge Lirola amplió la denuncia con otros hechos, entre los que el más grave es el acoso laboral que dice sufrir por parte del Rector de Almería, sin que hasta ahora conste que haya procedido el Fiscal de Almería a investigar la denuncia y llegar al fondo de la misma. Le adjunto una de las últimas comparecencias realizadas por el denunciante y que éste me ha hecho llegar donde se refiere a ello.
A la vista de los hechos y de lo que el denunciante pide y muchos ciudadanos han pedido también, entiendo que se deben investigar los hechos denunciados y pedir responsabilidades, de forma que si el Fiscal comprueba que son falsas las denuncias formuladas exija responsabilidad a Jorge Lirola Delgado, como él mismo pide, o si comprueba que son ciertas esas denuncias, emprenda las acciones oportunas contra los infractores. Le reitero que el tema, por su gravedad, no puede quedar sin ser investigado y, de una u otra forma, no puede quedar impune. Y ello ha de investigarlo el Fiscal y pedir responsabilidades a quien corresponda y no permitir que sea el propio denunciado el que tome responsabilidades disciplinarias al denunciante en lo que podría ser un abuso de poder.
Atentamente
Muchas gracias a todos los que hayáis llegado hasta aquí. Aunque inicialmente me impongan la sanción, que entiendo que es un intento de represalia por parte del Rector, Pedro Molina García, y su inspector de servicios, Antonio Sánchez Cañadas, y pone en evidencia lo corruptos que son uno y otro estoy convencido de que, exigiendo responsabilidades a los corruptos, se puede conseguir establecer un referente positivo que ayude a otros muchos que están en peor situación que yo pues el rodillo de la prepotencia los ha machacado anímicamente.

¿Qué son Pedro Molina y Antonio Sánchez Cañadas?

Por estar seguro yo de que Pedro Molina, Rector de la Universidad de Almería, había prevaricado y también había participado en un fraude y tráfico de influencias, delitos penales, en el tema de la convocatoria de una cátedra, lo denuncié ante el Fiscal Jefe de Almería.
Ante ello, Pedro Molina decidió que el inspector de servicios nombrado por él, Antonio Sánchez Cañadas, me abriera información reservada primero y después un expediente disciplinario, basado, básicamente, en que atento contra la Universidad de Almería, por haber hecho pública mi denuncia contra él sin que haya sentencia firme. Por mi parte, amplié la denuncia a acoso laboral, calumnias y difamación, considerando que Pedro Molina es un rector corrupto.
Recusé a Antonio Sánchez Cañadas como instructor, pues anteriormente lo había denunciado públicamente por no cumplir con sus funciones de inspector de servicios al tapar irregularidades que denunciaban alumnos. Pedro Molina, como cabía esperar, no aceptó la recusación y quiere que me juzgue su inspector de servicio y emitir el veredicto final él.
Mientras tanto, el Fiscal Jefe, Antonio Pérez Gallegos, después de 34 jornadas esperando de 9 a 2 a que me reciba, no quiere saber nada y me insiste a través de otra persona de la Fiscalía que, si lo creo oportuno, presente una querella contra Pedro Molina. Yo le insisto en que le pagamos para que investigue los hechos y, si cree que es falsa mi denuncia, me pida responsabilidad a mí por persistir en una falsa denuncia, pero si son ciertos, actúe contra Pedro Molina. Y le insisto en que, para mí, si es grave que Pedro Molina actúe de forma corrupta, más grave sería que quien tiene que velar para exigir las responsabilidades ante casos de corrupción o falsas denuncias, no quiera cumplir con su trabajo. Adjunto acta de una de las comparecencias y el escrito donde indica que archiva la primera denuncia, sin investigarla.
Si Pedro Molina fuese una persona íntegra debía pedirle al fiscal que investigue los hechos y que tras ello exija responsabilidades a quien corresponda, como estoy pidiéndole yo, o se querellaría directamente contra mí, para que un juez independiente analice los hechos y se pronuncie al respecto. Pero lo que resulta inaceptable, desde mi punto de vista, es que Pedro Molina quiera ser juez, siendo parte, y más porque creo que se ha arrogado la competencia de incoar el expediente disciplinario sin que la tenga, pues estimo que el órgano competente es el Consejo de Gobierno.
Antonio Sánchez Cañadas da por sentado que mis denuncias son falsas, sin comprobarlas, y me ha denegado mi petición de prueba en las alegaciones que he hecho en el expediente disciplinario. Me deja así en total indefensión.
Por todo ello, mi conclusión es clara: Pedro Molina y Antonio Sánchez Cañadas son unos corruptos y prueba de ello es la forma como me van a imponer la sanción de suspensión. Quieren que sean cuatro años y tres meses. Les hubiera gustado que hubiese sido en agosto, pero al menos habrán de esperar a inicios del curso.
No sé si piensa hacer algo Joaquín Moya-Angeler, Presidente del Consejo Social de la Universidad, como le ha pedido mucha gente, o alguna otra instancia universitaria, o el propio Fiscal.

28/7/11

Sanción que quieren imponerme por denunciar al Rector

Acabo de tener conocimiento de la sanción que me quiere aplicar Antonio Sánchez Cañadas, el instructor nombrado por Pedro Molina, en el expediente disciplinario que me ha abierto.

Quieren sancionarme con 4 años y 3 meses de suspensión de funciones. Las faltas que, según Antonio Sánchez Cañadas, he cometido son “conducta de grave desconsideración con los superiores” (2 años), “atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la administración” (2 años) y “grave perturbación del servicio” (3 meses).

Me reconoce mi derecho a la libertad de expresión, pero entiende que me he extralimitado, pues tengo derecho a utilizar la vía judicial, pero no a darle difusión a mis denuncias hasta que haya sentencia judicial. Da por supuesto que mis denuncias son falsas y no duda en calificar mi crítica de "sin fundamento", sin comprobar los hechos, y llega incluso a referirse a mis "ilícitas manifestaciones" al mantener yo en mi denuncia al Fiscal, que he hecho pública, que Pedro Molina ha prevaricado, ha mentido, ha encubierto irregularidades, ha intentado coaccionar, ha cometido abuso de poder, me ha difamado y me está acosando laboralmente. He aportado pruebas y testigos.

Mientras tanto, el Fiscal no quiere pronunciarse sobre si son falsas o no mis denuncias. La primera por prevaricación y fraude la archivó sin investigar los hechos, ante lo que le sigo pidiendo que interrogue a los testigos, tomándome testimonio también a mí, y compruebe si son ciertos o no los datos que le aporto. De las dos ampliaciones que hice, ante las calumnias, la difamación y el acoso laboral que estoy sufriendo, no ha contestado aún.

Tengo la impresión de que el inspector y Pedro Molina querían imponerme la sanción con rapidez, seguramente durante el verano, para que no tuviera mucha repercusión, aunque el que haya estado yo y siga estando muy ocupado con el proyecto “Biblioteca de al-Andalus”, que dirijo y que queremos finalizar en breve, ha hecho que se retrase todo el proceso y seguramente habrá de resolverse en el mes de septiembre.

La notificación la he recibido por tres canales diferentes (en mi casillero en la Universidad, en el Servicio de Personal y por burofax) y he estado recibiendo mensajes electrónicos y llamadas telefónicas a mi domicilio desde distintas instancias (inspector, servicio de personal y otras personas que no se han querido identificar pero que decían llamar desde la Universidad) para que recogiera sin demora el pliego de cargos.

Entiendo que todo lo que me está pasando es fruto del acoso laboral al que me somete Pedro Molina y su inspector de servicios, al que recusé por haberlo denunciado previamente por no cumplir con su trabajo y no investigar denuncias de alumnos relativas a profesores que no cumplían con sus clases, sin que Pedro Molina aceptara mi recusación. Tampoco me han dejado acceder al expediente, porque, según la Jefa del Gabinete Jurídico, Carmen Pilar Pulido Egea, no tengo derecho aún hasta que no esté completo el expediente, sin que haya podido consultar, entre otros documentos, el informe íntegro del inspector de servicios ni el informe que emitió el director de mi departamento, de modo que tengo que formular mi contestación sin toda la información. Estimo que me dejan en indefensión.

Me quieren sancionar por cumplir con la obligación que tenemos todos los ciudadanos de denunciar la comisión de los delitos que conozcamos. Y lo hice público para que no quedara impune pues los delitos los cometió, entiendo yo, nada menos que el Rector de la Universidad, Pedro Molina, mientras que a una profesora que me consta que ha sido denunciada por no acudir a tutorías ni a clases, se le ha premiado con una cátedra, de forma fraudulenta en la formación del tribunal.

Espero que el Fiscal Jefe, Antonio Pérez Gallegos, cumpla con su trabajo e investigue mis denuncias y se pronuncie sobre las mismas, pidiéndome él sí responsabilidades si comprueba que son falsas, o se las pida a Pedro Molina si son ciertos los hechos que le expongo. Lo que resulta inaceptable es que los denunciados, dando por sentado que son falsas mis denuncias y tomándose la justicia por su mano, pretendan sancionarme sin más, actuando de jueces y parte. Creo que no es sino una prueba más de lo corrupto que es Pedro Molina y también Antonio Sánchez Cañadas.

Un punto clave que tendría que comprobar el Fiscal es si Pedro Molina tiene potestad para incoar el expediente o, si por el contrario, como mantengo yo tras consultar la legislación, tal poder lo tiene el Consejo de Gobierno, por lo que se habría arrogado una competencia que no le otorga la legislación vigente. Sería una vez más una clara resolución injusta y seguramente también a sabiendas de su injusticia, es decir, otra prevaricación de Pedro Molina.

9/6/11

¿Qué podemos hacer contra la corrupción en la Universidad?

Como digo en otro lugar, creo que tan responsables son quienes cometen las injusticias o la corrupción como quienes las justifican y/o las amparan. Nuestro silencio sirve de amparo, en cierto modo. Si no amparásemos esas injusticias y denunciáramos la corrupción, seguramente existirían menos casos e incluso podríamos conseguir llegar a erradicarla.
Se trata también de luchar contra la impunidad que suele aplicarse en estos casos que simplemente se dejan pasar.
Información sobre mis denuncias las puedes ver en esta entrevista y en otras páginas de este blog:
Si estás en contra de dicha corrupción, te propongo que colabores, de una forma sencilla y sin ningún tipo de implicación que suponga tomar partido, para tratar de establecer referentes positivos contra esa corrupción. Esta propuesta se está mostrando muy efectiva, pues aunque en dos de los tres casos están contestando intentando echar balones fuera, se les fuerza a que se preocupen por el tema e insten a hacer algo. En la Fiscalía, al tener competencias sobre el tema, la contestación es más aséptica dando acuse de recibo.
Para ello te propongo que mandes mensajes y/o escritos a las autoridades que te indico, con las propuestas que también te hago para que cortes, pegues y/o modifiques, según creas oportuno. Si en cco, me envías copia (jlirola@ibntufayl.org), te quedaría doblemente agradecido.
Estas son las autoridades y mensajes que propongo:
1) Al Ministro de Educación, D. Ángel Gabilondo Pujol, en calidad de Presidente del Consejo de Universidades (gabinete.ministro@educacion.es;secretaria.ministro@educacion.es. Asunto: A/A D. Ángel Gabilondo Pujol) y/o, por escrito, a través de los registros oficiales, como las delegaciones de gobierno.
Yo, ***Nombre y apellidos***, con DNI nº *** y con domicilio en ***, manifiesto que: He tenido conocimiento de la denuncia efectuada por D. Jorge Lirola Delgado ante el Fiscal Jefe de Almería, D. Antonio Pérez Gallego, en la que sostiene unas graves acusaciones contra el Rector de la Universidad de Almería, D. Pedro Molina García, y otras personas. Dado que considero que es importante aclarar todos y cada uno de los hechos, le ruego encarecidamente, en su calidad de Presidente del Consejo de Universidades, al que pertenece el referido rector, inste Usted al mencionado fiscal para que se llegue al fondo de la denuncia, investigando todos los extremos denunciados y exigiendo las correspondientes responsabilidades a la vista de los resultados de las investigaciones, de forma que este tema no quede impune, por el buen nombre de las instituciones afectadas. Si fuese falsa la denuncia, se le pidan responsabilidades al denunciante, como él mismo pide, y, si fueran ciertos los hechos, a quienes hayan cometido las irregularidades.
Al ser un tema, una supuesta corrupción universitaria, que me interesa especialmente, desearía ser informado del resultado de las investigaciones, directamente, si es posible, y, si no, a través de los medios de comunicación.
Atentamente, le saluda.
2) Al Presidente del Consejo Social de la Universidad de Almería y Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas, D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera (consejo@ual.es. Asunto: A/A D. D. Joaquín Moya-Angeler Cabrera). C/ Gerona, 35, planta 2ª, despacho 2.010. Almería. 04002.
Yo, ***Nombre y apellidos***, con DNI nº *** y con domicilio en ***, manifiesto que: He tenido conocimiento de la denuncia efectuada por D. Jorge Lirola Delgado ante el Fiscal Jefe de Almería, D. Antonio Pérez Gallego, en la que sostiene unas graves acusaciones contra el Rector de la Universidad de Almería, D. Pedro Molina García, y otras personas. Dado que considero que es importante aclarar todos y cada uno de los hechos, le ruego encarecidamente, en su calidad de Presidente del Consejo Social de la Universidad de Almería, la más afectada, y también como Presidente de la Conferencia de Consejos Sociales de las Universidades Públicas, inste Usted al mencionado fiscal para que se llegue al fondo de la denuncia, investigando todos los extremos denunciados y exigiendo las correspondientes responsabilidades a la vista de los resultados de las investigaciones, de forma que este tema no quede impune, por el buen nombre de las instituciones afectadas. Si fuese falsa la denuncia, se le pidan responsabilidades al denunciante, como él mismo pide, y, si fueran ciertos los hechos, a quienes hayan cometido las irregularidades.
Al ser un tema, una supuesta corrupción universitaria, que me interesa especialmente, desearía ser informado del resultado de las investigaciones, directamente, si es posible, y, si no, a través de los medios de comunicación.
Atentamente, le saluda.
3) Al Fiscal Jefe de Almería (D. Antonio Pérez Gallegos). A ser posible en el registro de la Fiscalía (C/ Reina Regente, 4. Almería 04071). Si no, a través del formulario por internet. O ambas cosas: http://www.fiscal.es/cs/Satellite?cid=1240559967889&language=es&pagename=PFiscal%2FPage%2FFGE_contacta
Yo, ***Nombre y apellidos***, con DNI nº *** y con domicilio en ***, manifiesto que: He tenido conocimiento de la denuncia efectuada por D. Jorge Lirola Delgado ante el Fiscal Jefe de Almería, D. Antonio Pérez Gallego, en la que sostiene unas graves acusaciones contra el Rector de la Universidad de Almería, D. Pedro Molina García, y otras personas. Dado que considero que es importante aclarar todos y cada uno de los hechos, le ruego encarecidamente que se llegue al fondo de la denuncia, investigando todos los extremos denunciados y exigiendo las correspondientes responsabilidades a la vista de los resultados de las investigaciones, de forma que este tema no quede impune. Si fuese falsa la denuncia, se le pidan responsabilidades al denunciante, como él mismo pide, y, si fueran ciertos los hechos, a quienes hayan cometido las irregularidades.
Al ser un tema, una supuesta corrupción universitaria, que me interesa especialmente, desearía ser informado del resultado de las investigaciones, directamente, si es posible, y, si no, a través de los medios de comunicación.
Atentamente, le saluda.

7/6/11

¡Qué vergüenza, el expediente disciplinario que me han abierto!

Hoy me había convocado el inspector de servicios, Antonio Sánchez Cañadas, y el que hace de secretario de la farsa del expediente sancionador que me han abierto, Raúl Pérez Guerra, Director del Secretariado de Deportes. ¡Qué vergüenza! He sentido vergüenza ajena. Aunque los he recusado, no he tenido problema en que me interroguen.
Hoy reproduzco mi contestación, escrita, pasada por registro, a las calumnias de Antonio Sánchez Cañadas, al que también le envío copia del mensaje, con el ruego de que deje de acosarme ya, aunque el mismísimo Rector, Pedro Molina, se lo pida.
AL INSPECTOR DE SERVICIOS DE LA UNIVERSIDAD DE ALMERÍA
Sr. D. Antonio Sánchez Cañadas
(para unirlo al expediente disciplinario que me han abierto)
Me acusa usted, en su farragoso informe, y el Rector, D. Pedro Molina García, en su resolución a partir de dicho informe, de una serie de faltas graves y muy graves. Para ello, el propio D. Pedro Molina le pidió a usted, que ha sido nombrado por él, que abriera información reservada sobre las denuncias que estoy haciendo sobre lo que yo entiendo que es una ilegalidad manifiesta y realizada a sabiendas (es decir, prevaricación) y un fraude, lo que es una grave acusación, calificación en la que coincido con usted, aunque yo estimo que probada, tanto por la documentación que se puede consultar como por los testigos a los que habría de interrogar. Parece que no quieren ustedes hacerlo. Considero que tengo derecho a hacer dicha denuncia en relación con la actuación de un cargo público y a difundirla, como garantía de transparencia y equidad, para que no la oculten, como ha hecho usted y el propio rector con otras denuncias.
Me parece un abuso de poder, por parte de D. Pedro Molina, el ordenarle abrirme un expediente por las denuncias que formulo contra él a usted, el inspector de servicios que él mismo ha nombrado. Estimo que lo que debería de hacer, si entiende que son falsas mis acusaciones, es pedirle al Fiscal o a un Juez independiente que investigue todo y, si se demostrara que es una falsa acusación, que se me pidan las correspondientes responsabilidades por ello, pero lo que no debe hacer es dar por supuesto, como hace usted mismo, erigiéndose en juez, que no está probado y decreta, con gran temeridad, según entiendo, pues por lo pronto no ha interrogado usted a los testigos, que “no existe ningún indicio de que se haya conculcado la legalidad vigente”. Y, además, no le salen las cuentas, pues usted mismo dice que le ley orgánica 4/2007 daba un plazo máximo de tres años para adaptar los estatutos y mientras tanto se puede aplicar el reglamento aprobado. ¿En qué año estamos y cuántos han transcurrido? Lo curioso del caso es que se ha procedido a modificar los Estatutos, pero en la reforma no se incluye el tema de las Comisiones de evaluación y ello sencillamente porque no había que adaptar los Estatutos en el caso de nuestra universidad, pues no había contradicción con la ley orgánica, de rango superior. Lo que sí hay es contradicción con el reglamento que pretende aplicar D. Pedro Molina, de rango inferior, habiéndose de aplicar, por tanto, los Estatutos de la Universidad de Almería.
Su consideración de que formulo “denuncias indiscriminadas (prevaricación) a cualquier persona que él (por yo) entienda que pueda suponer un obstáculo a sus aspiraciones” y el que me acuse de acosar laboralmente a una profesora por el simple hecho de que haya alegado agravio comparativo en relación con su currículo (lo que me consta que han hecho otros compañeros de otras universidades, por estimar, como yo, que su currículo tiene menos méritos que los nuestros), además de que diga usted que “quien no esté de acuerdo con la interpretación del Profesor Lirola está incurriendo en prevaricación”, las estimo injurias o calumnias de su parte hacia mí, lo que supone la comisión de un posible delito contra mi honor, impropio de un inspector de servicios en el desempeño de su cargo. E igual le digo con otras afirmaciones y acusaciones suyas contenidas en su informe, como “cualquier consideración ética brilla por su ausencia”, refiriéndose a mí, o el que me atribuya el “empañar el buen nombre de la Universidad” o cometer un “atentado grave contra la dignidad y el prestigio de nuestra Universidad”, que es lo que estaría haciendo D. Pedro Molina si un juez confirma mi denuncia. También considero una calumnia el que me atribuya un intento de intimidación o el haber publicado o utilizado de forma indebida documentación o información a la que, según usted, he tenido acceso por mi condición de funcionario, refiriéndose a unos datos, a todas luces, de carácter profesional que están publicados en la web.
Por otra parte, trata usted de denigrarme cuando dice que es “su (por mi) costumbre iniciar una campaña de difusión con una idea central (el rector ha prevaricado)...” y que “sólo importa lo que él (por yo) dice” y califica mis mensajes de “claramente ofensivos y sesgados”.
A partir del Estatuto Básico del Empleado Público (artículo 95.2), las faltas muy graves a las que se refiere son:
e) La publicación o utilización indebida de la documentación o información a que tenga o haya tenido acceso por razón de mi cargo o función.
Es totalmente falsa la acusación, pues se trata, como le explique a la Secretaria General, de datos profesionales todos ellos, publicados, como he dicho, en la web de cada universidad (ninguno hay de carácter personal y ninguno he obtenido por mi condición de funcionario), sin que, además, me conste que me haya denunciado ninguna de esas personas que haya considerado que le he causado por ello un perjuicio o daño. Solicité que se me dijera quién me acusa de ello, pues se me indicó que eran varias personas, pero no se me ha respondido. Y estimo que tengo derecho a saber quién me acusa, para poder defenderme con plenas garantías legales y solicitar la correspondiente responsabilidad si estimo que se me acusa falsamente, como así creo.
o) Acoso laboral
Inicialmente no estaba este tema en la información reservada que inició usted y me parece del todo infundado y una calumnia que mantenga usted que he acosado a la profesora Arvide. Le solicito que me diga si ella me ha acusado formalmente, pues se trata, para mí, de una falsa acusación y de una calumnia, que quiero denunciar como tal.
Y a partir del Régimen Disciplinario de los Funcionarios de la Administración del Estado (art. 7), me atribuye las siguentes faltas graves:
c) Conductas constitutivas de delito doloso relacionadas con el servicio o que causen daño a la Administración o a los administrados, en concreto por haber difundido mi denuncia por prevaricación contra el Rector de la Universidad, D. Pedro Molina García.
La denuncia por prevaricación y otros delitos como tal no puede hacer daño a la Administración y estoy en mi derecho de formularla. Lo que correspondería sería resolverla y, si se demuestra que es una falsa denuncia, entonces, y solo entonces, se me habría de exigir la correspondiente responsabilidad por formular una falsa denuncia, pero lo que no puede usted es decidir, como si fuera un juez, que es falsa y quiera aplicarme un castigo, por mandato del denunciado, que será finalmente además quien aplique la sanción, por el mero hecho de formular y difundir mi denuncia, actuando yo con plena asunción de mi responsabilidad en todo momento si se demostrara que es falsa.
Los daños me lo están causando ustedes a mí como administrado, a través de sus calumnias, a las que ya me he referido, y a través de la difamación que ha dirigido contra mi honor D. Pedro Molina al difundir que no tengo méritos suficentes para que me acrediten para la cátedra, sin conocer él mis méritos ni el baremo que ha de utilizarse. Y los daños a la Administración y a la imagen de la Universidad de Almería se los causará D. Pedro Molina si se confirma que ha cometido los graves delitos que he denunciado, pues quien causa los daños es quien actúa ilegalmente y no quien denuncia tal actuación, como le dije a usted el 14/4/2011.
e) Grave desconsideración con los superiores, compañeros o subordinados.
Como le acabo de decir la desconsideración no es mía con un superior, el Rector, D. Pedro Molina, por el mero hecho de denunciarlo por prevaricación y corrupto, o hacia usted, cuando afirmo que no ha cumplido con su trabajo de inspector de servicios, al archivar denuncias sin comprobarlas, a lo cual, por cierto, no alude usted. La desconsideración, como le reitero, es de un superior hacia mí, un subordinado, por las razones a las que ya me he referido.
n) Grave perturbación del servicio.
Se refiere a que he intimidado a los miembros del Tribunal “con el objetivo de obstaculizar la constitución del Tribunal por renuncia de sus miembros”. Eso es otra calumnia suya, pues usted sabe bien que me he limitado a informarles de que considero que el Rector, D. Pedro Molina, ha prevaricado y les pido que se asesoren sobre el tema por si pudiera ser que asumieran alguna responsabilidad con el nombramiento y la participación en lo que considero un fraude, dado que les informo de que tengo intención de exigir las responsabilidades oportunas. Es curioso que sea usted, y no alguno de los miembros del tribunal, el que me acusa directamente, interpretando que el temor que puedan sufrir esas personas sean debidos a que les haya informado de una presunta ilegalidad, en lugar de que se hayan informado ellos y no quieran asumir responsabilidades en los presuntos delitos que se puedan haber cometido y cometer.
ñ) Atentado grave a la dignidad de los funcionarios o de la Administración.
Le vuelvo a reiterar que el atentado es hacia mi persona, en lugar de hacia el Rector, D. Pedro Molina, como ustedes, el Rector y su inspector de servicios, nombrado por él, reitero, pretenden. Por último, insiste usted en que, al hacer públicos datos personales que conozco por razón de mi función, puedo estar cometiendo una infracción contra el artículo 10 de la Ley Orgánica de Protección de datos. Como ya le he dicho, lo considero una calumnia, pues es totalmente falso que haya difundido datos personales y más que los conociera por ser funcionario. Todos esos datos de la denuncia son profesionales. Le pregunté a la Secretaria General, Dña. María Luisa Trinidad, qué personas me habían denunciado por difundir sus datos y no me ha contestado, quizá por faltar a la verdad, como está haciendo usted.
Por todo lo dicho, le solicito que deje usted de calumniarme, al imputarme falsamente la comisión de hechos que no he cometido, al tiempo que también le pido que deje de acosarme laboralmente, por los motivos que substancio en otro escrito.
En Almería, a 7 de junio de 2011

Acoso al que me somete el Inspector de Servicios

AL INSPECTOR DE SERVICIOS D. Antonio Sánchez Cañadas
Respondo a sus dos escritos con nº de registro 63 y 64, de fecha 26 de mayo y 2 junio, que me ha remitido por carta con acuse de recibo a través de diversos funcionarios, así como por correos electrónicos los días 31 de mayo, 1 de junio y 2 de junio, tanto a mi dirección de correo electrónico profesional como personal, y que todos ellos he recibido el día 2 de junio, por encontrarme desde el martes en una jornadas sobre el Jerez andalusí en Jerez (Cádiz). En esos escritos y mensajes me insta a “que en el plazo de 10 días justifique antes esta inspección de Servicios su ausencia de su despacho en su horas de tutoría durante la mañana del jueves 26 de mayo” y “2 de junio”.
Con respecto a ello, he de decirle:
Primero.- Efectivamente, aunque no tenga clases este cuatrimestre por tenerlas acumuladas en el primero, me corresponden tutorías tanto el jueves por la mañana como por la tarde, cumpliendo los Estatutos que indican que se pongan tanto en turno de mañana como de tarde para facilitarles a los alumnos que tengan clase la posibilidad de asistir en franja distinta a aquella en la que tengan las clases, lo cual, por lo que he podido comprobar, no cumple todo el profesorado, sin que me conste actuación alguna por su parte para el cumplimiento de esa normativa.
Segundo.- El jueves 26 de mayo por la mañana estuve en tutorías. Es posible que cuando usted, o la persona a la que mandó, fue a mi despacho no estuviese en ese momento, quizá por encontrarme en el despacho del Profesor Javier Aguirre, a quien instalé esa mañana el módulo de escritura en árabe en el ordenador. Así se lo puede confirmar él mismo. Cuando me ausento por un momento suelo colocar una nota en la puerta o en el tabloncillo. Es posible que no la viera o que, por motivo que se me escapa, desapareciera. Con respecto al 2 de junio, me encontraba, desde el martes 31 de mayo en unas jornadas en Jerez, en las que participaba. Se trata de las XVII Jornadas de Historia de Jerez, dedicadas al Jerez andalusí, que se celebraban desde el 31 de mayo al 3 de junio. Yo intervine con una ponencia bajo el título de “Los procesos de arabización e islamización: el caso de Jerez”. Si lo desea puedo pedir un certificado que lo acredite. Me vine el mismo jueves, con intención de llegar lo antes posible a las tutorías, si bien no me fue posible hasta entrada la mañana, como sabe usted bien pues me acerqué a su despacho tras recibir todas las citaciones, en una de las cuales me citaba “el día 3 de junio de 2011, jueves (sic), a las 13 horas”. Lo de sic es porque el 3 era viernes, pero intuí que sería jueves, pues ese día tiene usted también tutorías y he podido comprobar que me cita siempre, para tareas de su función como inspector de servicios, cuando le corresponde a usted estar en tutorías, lo cual no me parece muy apropiado y aprovecho este escrito para llamarle la atención al respecto. Además, por cierto, cuando fui a eso de las dos menos algo tampoco estaba usted en su despacho, aunque le correspondía estar en tutorías.
Tercero.- No me consta que haya ninguna queja de alumno alguno por no haberlo atendido en tutorías. Suelo atenderlo también fuera de las tutorías, para lo cual indico que, a través del correo electrónico, pueden tener esas tutorias o quedar para otro momento para atenderles. Sí me consta que varios alumnos le han denunciado a usted problemas con otros profesores con respecto a las tutorías, falta de asistencia a clases y problemas con los exámenes y las calificaciones, sin que usted haya hecho nada por investigar esos temas y adoptar las medidas oportunas.
Cuarto.- Le pregunté el jueves pasado si estaba usted revisando todas las tutorías de todos los profesores o si eran sólo las mías y, como me temía, era solo en mi caso, lo cual me parece un trato discriminatorio, además de un posible acoso laboral, al que se suma sus citaciones y correos reiterativos, tanto a mi correo profesional como al personal, sin que sepa la razón de ello y que también puede responder al acoso que entiendo que me está sometiendo usted, no sé si por orden de la misma persona que le ha pedido instruir el expediente disciplinario por otros motivos distintos.
Si desea cualquier otra aclaración, solo tiene que pedírmelo, pero por favor, sin la reiteración con la que lo ha hecho en esta ocasión.
Atentamente,

5/6/11

Diccionario Biográfico Español

Seguramente conoceréis la polémica que se ha generado con la publicación del "Diccionario Biográfico Español", que lleva bastantes días coleando y ha tenido bastante repercusión en la prensa. Es muy elocuente la entrevista al Director de la RAH (Real Academia de la Historia), Gonzalo Anes (http://www.elpais.com/articulo/cultura/he/leido/biografia/Franco/elpepicul/20110604elpepicul_1/Tes), así como el análisis que se hace en El País de quién es quién en la RAH (http://www.elpais.com/articulo/cultura/Quien/quien/Academia/elpepicul/20110605elpepicul_2/Tes). No tienen tampoco desperdicio los artículos que ha ido editando el diario Público, que ha hecho un buen seguimiento del tema.
Nos ha costado a todos los españoles nada menos que seis millones cuatrocientos mil euros (6.400.000), pues la obra se ha financiado con fondos públicos y no sé si incluyen los costes de impresión.
A nuestros estudios árabes también le toca el tema, pues se incluyen, entre las 43.000 entradas, biografías de personalidades de al-Andalus. No sé quiénes y con qué criterios. A mí me propusieron colaborar con la redacción de unas pocas biografías de autores andalusíes, pero les hice una serie de preguntas, ante los particulares criterios que establecían y otras cuestiones que no indicaban y que era preciso conocerlas (sistema de transcripción o de vulgarización unificado, qué hacer con las fechas, imposibilidad de ordenar las obras cronológicamente en la mayoría de los casos, como pretendían, etc.), sin que me contestaran. Entendí que el resultado podría ser un bodrio y no quise colaborar finalmente.
Creo que resultará interesante hacer un análisis de las biografías de andalusíes que se han incluido y las que se han dejado de incluir. En ese sentido, será revelador compararlo con otros proyectos relacionados que estamos realizando en nuestra área, como el HATA (Historia de los Autores y Transmisores Andalusíes), que dirige Maribel Fierro; el Diccionario Biográfico de al-Andalus, que lleva María Luisa Ávila; el de manuscritos andalusíes de María Jesús Viguera; y el de la ECA (Enciclopedia de la Cultura Andalusí), del que ya pronto va a ser una realidad la "Biblioteca de al-Andalus", con unos 2.500 autores andalusíes, pues estoy tratando de que le afecte poco todo el acoso laboral que estoy sufriendo en la Universidad de Almería (en breve os detallaré la denuncia que voy a presentar al fiscal sobre el tema).
No debemos de olvidar que, en muchos territorios, fueron nada menos que ocho siglos los de al-Andalus, por lo que nuestros estudios son parte considerable, o deberían serlo, de ese gran "Diccionario Biográfico Español". Sería conveniente fomentar análisis contrastivos del tratamiento que se le ha dado.
Como sólo nos ocupamos de una parte, cronológicamente y espacialmente hablando, no hemos recibido la cantidad astronómica que le ha dado el erario público a la RAH. En el caso del proyecto de Maribel Fierro creo que va por millón y pico de euros; en los casos de María Jesús Viguera y María Luisa Ávila no sé aún los datos, ni serán definitivos, pues no están cerrados; y en el de la "Biblioteca de al-Andalus" no llegará a los 75.000 euros, que tuvimos que reclamar de múltiples formas, llegando incluso a los contenciosos administrativos, que supusieron importantes gastos que cargué a mi bolsillo particular. La mayor parte del proyecto que coordino (en este caso sí me he leído todas las entradas, las he revisado personalmente y, aunque el responsable de cada entrada sea su autor, yo no dejó de responsabilizarme de la parte que me toca, sin que haya censurado, pero tampoco aceptado cualquier cosa), lo estamos sufragando con distintas donaciones (la mayoría mías, pues he ejercido también el mecenazgo) y la venta de las obras de la fundación, para la que trabajo en mis ratos libres, sin cobrar un céntimo.
A ver si alguien se anima a realizar estudios y análisis contrastivos. Seguro que van a ser muy suculentos. Curiosamente, la "Biblioteca de al-Andalus" y el "Diccionario Biográfico Español" coinciden en la tirada inicial: 1.000 ejemplares. Lógicamente, no en el precio: 3.500 este último y, cuando estén los 7+1 volúmenes, 640 euros para instituciones y 360 para particulares, en el caso de la Biblioteca de al-Andalus. Y entrar en los criterios de repartos de entradas, exigencias científicas, revisiones, etc. creo que será muy revelador.

21/5/11

Sobre informes confidenciales, una de las piedras angulares de la corrupción en la Universidad. Denuncia al Fiscal General del Estado

Sigue el escrito que presenté el día 11 de mayo de 2011:
AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón
Yo, Jorge Lirola Delgado, mayor de edad, con DNI 27.494.505-Y, Profesor Titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Almería, con domicilio a efectos de notificaciones en este procedimiento en 04008 Almería, calle al-Andalus, 9, ante el Fiscal General del Estado comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:
Me dirijo a Usted, como funcionario público cuya misión es "promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados", para poner en su conocimiento una serie de hechos concretos que estimo que requieren de su actuación, con la petición expresa de que se interese por ellos -Usted o la persona de su confianza en la que delegue su actuación- y, a la vista de su informe, actúe en cumplimiento de sus funciones.
Paso a exponerle los hechos que le pido que compruebe, analice y, a la vista de ello, actúe:
PRIMER CASO: A través de las diligencias practicadas en el contencioso administrativo 511/2007, que se siguió en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, de la Audiencia Nacional, tuve conocimiento de que Dña. María del Pilar García Moutón, investigadora funcionaria del Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid (C/ Albasanz, 26-28, 28037 Madrid), que actuaba como coordinadora del Área de Filología del Programa Nacional I+D en el año 2005, presentó el proyecto "Colaboración española al Atlas Linguistique Roman y al Atlas Linguarum Europae (3ª etapa)" a la misma convocatoria en la que figuraba como coordinadora y le fueron concedidos 57.400 euros para el periodo 2006-2009. Así lo reconoció ella misma en la prueba testifical practicada el 16 de febrero de 2009, como consta en autos del referido contencioso. Este hecho, en sí mismo, puede constituir un delito al no haberse abstenido cuando debía haberlo hecho, para no ser juez y parte. Curiosamente, la suya es la segunda mayor cantidad de dinero concedido a los 170 proyectos (300 proyectos, si contabilizamos también los no concedidos), para un total de 4 investigadores. Al proyecto que yo coordino se le concedió, en la misma convocatoria, para un total de 7 investigadores y para el mismo periodo, 3.000 euros (habíamos solicitado 20.450 euros).
Como funcionario y ciudadano responsable, en cuanto tuve conocimiento de que posiblemente se había cometido un posible delito o, cuando menos, una grave irregularidad, con fecha del 1 de abril del 2009 puse el tema en conocimiento de Dña. Cristina Garmendia Mendizábal, Ministra de Ciencia e Innovación, de quien dependía la convocatoria del programa nacional I+D, solicitándole que abriera expediente para contrastar los hechos y aplicar las medidas disciplinarias que correspondiesen. Por decisión que me comunicó la Subdirectora General del mismo ministerio, Dña. Carmen Simón Adiego, se decidió no abrir expediente argumentando, no que los hechos fueron erróneos, sino que habían transcurrido con exceso los plazos de prescripción fijados en materia disciplinaria por el artículo 97 de la ley 7/2007 de 12 de abril en tres y dos años contados a partir de la comisión de las eventuales faltas muy graves y graves y de un mes para las leves, según se me decía.
¿No cree Usted que debía haber abierto el expediente para comprobar los hechos y tipificar la gravedad, pues en aquellos momentos estaba incluso en curso el proyecto de investigación concedido y, a mi entender, los hechos debían ser calificados como graves si es que no como muy graves en lugar de leves?
SEGUNDO CASO.- En las convocatorias de los proyectos de investigación I+D de los años 2004 y 2005 solicité sendos proyectos para realizar distintas fases de un “Diccionario de Autores y Obras Andalusíes”. Los proyectos fueron denegados, aunque en la segunda ocasión la decisión se modificó finalmente. D. Luis Javier Moscoso Sarabia, entonces Jefe del Departamento Técnico de Humanidades y Ciencias Sociales de la Dirección General de Investigación, me emplazó a formular alegaciones en un plazo de 10 días. Con fecha del 7 de octubre del 2005 me personé en las dependencias de la Dirección General de Investigación donde se tramitaba y custodiaba el expediente de la solicitud para poderlo consultar completo, en particular los informes de expertos, y poder alegar con conocimiento de causa, pero el referido funcionario no me lo permitió y se escudó en la confidencialidad de los informes. Por ello, alegué indefensión. Curiosamente, y sin mediar ningún informe nuevo, como consta en el contencioso 511/2007, me fue concedido el proyecto, pasando de tener una puntuación de 40 puntos a 67. Me parecieron graves irregularidades tanto la primera no concesión como la posterior concesión, por el modo en el que se produjo, razón por la que lo denuncié, sin que se hiciera entonces nada, lo cual me parece más grave todavía.
TERCER CASO.- Los proyectos que presenté a las convocatorias de 2004 y 2005 fueron rechazados por contar con informes confidenciales negativos. A través de la actuación judicial, pude conocer a los autores de esos informes confidenciales. Uno de ellos, en ambos años, fue elaborado por Dña. María Jesús Viguera Molíns. Como es bien conocido en el ámbito de los estudios en los que investigo, Dña. María Jesús Viguera era miembro del Comité Asesor de la obra “Diccionario de Autores y Obras Andalusíes” (vol. I), publicado por la Fundación El Legado Andalusí en 2002 (ISBN: 84-932051-6-8), y participó también como autora en la misma obra, que yo dirigía. Esta circunstacia se la ocultó a la coordinadora, Dña. Pilar García Moutón, quien de haberlo sabido seguramente le habría pedido que se abstuviera de emitir informe, como hizo en el caso de D. Julio Samsó, quien sí le informó de que él había participado en una fase anterior, razón por la que no le pidieron que emitiera informe finalmente. Resulta muy llamativo que Dña. María Jesús Viguera, quien, como asesora de la obra, había dado su visto bueno para la publicación, declarara en el informe -seguramente pensando que era confidecial y no trascendería su contenido- que “algunos de los miembros del equipo han contribuido a un volumen de biografías andalusíes, con lagunas considerables”, refiriéndose al volumen en el que había colaborado y había sido asesora. En otro informe no confidencial, sin embargo, había dado su visto bueno (consta en autos del contencioso 1028/2004 y obran en mi poder cartas con su valoración positiva, así como los “informes confidenciales” con su valoración negativa, en los que concluye dando una puntuación de un 2 sobre 6 y señalando que el proyecto es de muy dudosa financiación).
CUARTO CASO.- El otro informe fue realizado en ambos años por Dña. Manuela Marín Niño. Así lo reconoció ella misma ante dos jueces diferentes en cada uno de los procesos, indicando que su “informe confidencial” había sido positivo a la concesión del proyecto. Dicho informe no aparecía en ninguno de los expedientes. Como los funcionarios del Ministerio aseguraban que solamente existían los informes que figuraban en el expediente, era evidente que alguien mentía. Finalmente, los informes de Manuela Marín no aparecieron pues alguien los debió sustraer del expediente en el Ministerio. Los jueces se desentendieron ante esta y otras anomalías que se demostraron en la fase de prueba indicando que el contencioso era “extemporáneo”. Bueno, no todos los jueces, pues el que había actuado como ponenente, asistiendo a los interrogatorios de las pruebas, discrepó al no considerarlo extemporáneo, razón por la que fue sustituido como ponente y hubo de emitir un voto particular, como consta también en autos. Si necesita que le amplíe cualquier extremo, quedo a su disposición para ello. Para la documentación adicional de los casos, le ruego que solicite copia de los contenciosos administrativos nº 1028/2004 y nº 511/2007 que se siguieron en la sección 3 de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Si necesitara autorización del demandante, que soy yo, desde este mismo momento la tiene.
Aparte de denunciar estos hechos que entiendo punibles, quiero comprobar fehacientemente si eso que nos dicen de que vivimos en un estado de derecho es cierto o no y hasta qué punto, para poder también decirlo públicamente. Un amigo abogado me dice que no sea iluso y que no me crea que vivimos en un estado de derecho, a lo que le digo que, de ser cierto lo que dice, debe ser porque no lo denunciamos y no lo exigimos, empezando por él mismo y otros abogados, que tienen un buen negocio en las reclamaciones que luego no van a ningún puerto, con una justicia lentísima y colapsada, y es posible que tenga razón porque, si realmente hubiera Justica –note que en esta ocasión la escribo con mayúsculas- y los responsables de los abusos hubieran de responder realmente a la responsabilidad que asumen, seguramente no tendría que haber tantas denuncias pues los responsables no se atreverían a cometer los abusos de poder que cometen y que suelen quedar impunes, generalmente por la prescripción o la desidia. De cualquier forma, como considero que el que podamos conseguir un estado de derecho de hecho depende de que lo exijamos a los responsables, como Usted mismo, es por lo que le escribo.
De todo lo anterior se desprende que la piedra angular de estos y de muchos de los abusos que padecemos en nuestras universidades, reside en la confidencialidad de los informes de expertos. Así lo hacen la ANECA (Agencia Nacional de evaluación de la calidad y acreditación), dependiente del Ministerio de Educación, y la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Por ello, le pido que actúe en contra de estas actuaciones pues la legalidad vigente establece que los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, a obtener copia de documentos contenidos en ellos, y a identificar a las autoridades y al personal de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos, incluidos quienes le emitan los informes. Esta práctica puede incluso llegar a ocultar una presunta malversación de fondos públicos, por las irregularidades en las concesiones, que son millonarias.
Resulta, además, llamativo que esta confidencialidad sólo se mantenga hasta que haya una intervención judicial pues me consta por experiencia que los jueces no entienden de confidencialidad en este tipo de informes y consideran un abuso de poder ocultarse en el anonimato, además de una patente de corso para la arbitrariedad y la posible creación de mafias.
Por otro lado, dada la funcionalidad de los informes, es condición necesaria de su eficacia que sean realizados por personas competentes en las materias en las que se permiten opinar. La omisión de su identificación imposibilita por completo toda labor de crítica hacia esas personas cuyos juicios de valor pueden perjudicar a los interesados, quienes quedan entonces indefensos ante semejante arbitrariedad, prohibida taxativamente por nuestra Constitución (artículo 9.3). Según entiendo, es un abuso de las instituciones que practican esa confidencialidad en los informes y resulta desproporcionado que sólo con la intervención de los jueces se pueda romper esa confidencialidad.
Mi intención última con estas denuncias es acabar con algo que entiendo que es ilegal de por sí, pero bastante extendido en los Ministerios de Educación y Ciencia e Innovación, los informes confidenciales, tras los cuales se esconde, por lo que he documentado en mi Área, una gran corrupción, y, si se extrapola al resto, seguramente sería escandaloso lo que podríamos encontrar investigando sobre el tema, por lo que le ruego que requiera a las autoridades correspondientes que se acabe de una vez por todas con los informes confidenciales, de forma que los autores de los mismos se responsabilicen de sus juicios en relación con lo/s informado/s.
Desde mi punto de vista, el problema de los I+D+I en España no es sólo que se haya de dedicar más dinero a este capítulo, sino que se gestione con una mayor transparencia sus concesiones, pues la utilización de los informes confidenciales consiguen una opacidad que favorece que, por lo que he comprobado, haya una importante corrupción.
A la espera de sus actuaciones, reciba un atento saludo de
Jorge Lirola Delgado