21/5/11

Sobre informes confidenciales, una de las piedras angulares de la corrupción en la Universidad. Denuncia al Fiscal General del Estado

Sigue el escrito que presenté el día 11 de mayo de 2011:
AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO
Excmo. Sr. D. Cándido Conde-Pumpido Tourón
Yo, Jorge Lirola Delgado, mayor de edad, con DNI 27.494.505-Y, Profesor Titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Almería, con domicilio a efectos de notificaciones en este procedimiento en 04008 Almería, calle al-Andalus, 9, ante el Fiscal General del Estado comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:
Me dirijo a Usted, como funcionario público cuya misión es "promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados", para poner en su conocimiento una serie de hechos concretos que estimo que requieren de su actuación, con la petición expresa de que se interese por ellos -Usted o la persona de su confianza en la que delegue su actuación- y, a la vista de su informe, actúe en cumplimiento de sus funciones.
Paso a exponerle los hechos que le pido que compruebe, analice y, a la vista de ello, actúe:
PRIMER CASO: A través de las diligencias practicadas en el contencioso administrativo 511/2007, que se siguió en la Sala de lo Contencioso-Administrativo, sección 3ª, de la Audiencia Nacional, tuve conocimiento de que Dña. María del Pilar García Moutón, investigadora funcionaria del Centro Superior de Investigaciones Científicas de Madrid (C/ Albasanz, 26-28, 28037 Madrid), que actuaba como coordinadora del Área de Filología del Programa Nacional I+D en el año 2005, presentó el proyecto "Colaboración española al Atlas Linguistique Roman y al Atlas Linguarum Europae (3ª etapa)" a la misma convocatoria en la que figuraba como coordinadora y le fueron concedidos 57.400 euros para el periodo 2006-2009. Así lo reconoció ella misma en la prueba testifical practicada el 16 de febrero de 2009, como consta en autos del referido contencioso. Este hecho, en sí mismo, puede constituir un delito al no haberse abstenido cuando debía haberlo hecho, para no ser juez y parte. Curiosamente, la suya es la segunda mayor cantidad de dinero concedido a los 170 proyectos (300 proyectos, si contabilizamos también los no concedidos), para un total de 4 investigadores. Al proyecto que yo coordino se le concedió, en la misma convocatoria, para un total de 7 investigadores y para el mismo periodo, 3.000 euros (habíamos solicitado 20.450 euros).
Como funcionario y ciudadano responsable, en cuanto tuve conocimiento de que posiblemente se había cometido un posible delito o, cuando menos, una grave irregularidad, con fecha del 1 de abril del 2009 puse el tema en conocimiento de Dña. Cristina Garmendia Mendizábal, Ministra de Ciencia e Innovación, de quien dependía la convocatoria del programa nacional I+D, solicitándole que abriera expediente para contrastar los hechos y aplicar las medidas disciplinarias que correspondiesen. Por decisión que me comunicó la Subdirectora General del mismo ministerio, Dña. Carmen Simón Adiego, se decidió no abrir expediente argumentando, no que los hechos fueron erróneos, sino que habían transcurrido con exceso los plazos de prescripción fijados en materia disciplinaria por el artículo 97 de la ley 7/2007 de 12 de abril en tres y dos años contados a partir de la comisión de las eventuales faltas muy graves y graves y de un mes para las leves, según se me decía.
¿No cree Usted que debía haber abierto el expediente para comprobar los hechos y tipificar la gravedad, pues en aquellos momentos estaba incluso en curso el proyecto de investigación concedido y, a mi entender, los hechos debían ser calificados como graves si es que no como muy graves en lugar de leves?
SEGUNDO CASO.- En las convocatorias de los proyectos de investigación I+D de los años 2004 y 2005 solicité sendos proyectos para realizar distintas fases de un “Diccionario de Autores y Obras Andalusíes”. Los proyectos fueron denegados, aunque en la segunda ocasión la decisión se modificó finalmente. D. Luis Javier Moscoso Sarabia, entonces Jefe del Departamento Técnico de Humanidades y Ciencias Sociales de la Dirección General de Investigación, me emplazó a formular alegaciones en un plazo de 10 días. Con fecha del 7 de octubre del 2005 me personé en las dependencias de la Dirección General de Investigación donde se tramitaba y custodiaba el expediente de la solicitud para poderlo consultar completo, en particular los informes de expertos, y poder alegar con conocimiento de causa, pero el referido funcionario no me lo permitió y se escudó en la confidencialidad de los informes. Por ello, alegué indefensión. Curiosamente, y sin mediar ningún informe nuevo, como consta en el contencioso 511/2007, me fue concedido el proyecto, pasando de tener una puntuación de 40 puntos a 67. Me parecieron graves irregularidades tanto la primera no concesión como la posterior concesión, por el modo en el que se produjo, razón por la que lo denuncié, sin que se hiciera entonces nada, lo cual me parece más grave todavía.
TERCER CASO.- Los proyectos que presenté a las convocatorias de 2004 y 2005 fueron rechazados por contar con informes confidenciales negativos. A través de la actuación judicial, pude conocer a los autores de esos informes confidenciales. Uno de ellos, en ambos años, fue elaborado por Dña. María Jesús Viguera Molíns. Como es bien conocido en el ámbito de los estudios en los que investigo, Dña. María Jesús Viguera era miembro del Comité Asesor de la obra “Diccionario de Autores y Obras Andalusíes” (vol. I), publicado por la Fundación El Legado Andalusí en 2002 (ISBN: 84-932051-6-8), y participó también como autora en la misma obra, que yo dirigía. Esta circunstacia se la ocultó a la coordinadora, Dña. Pilar García Moutón, quien de haberlo sabido seguramente le habría pedido que se abstuviera de emitir informe, como hizo en el caso de D. Julio Samsó, quien sí le informó de que él había participado en una fase anterior, razón por la que no le pidieron que emitiera informe finalmente. Resulta muy llamativo que Dña. María Jesús Viguera, quien, como asesora de la obra, había dado su visto bueno para la publicación, declarara en el informe -seguramente pensando que era confidecial y no trascendería su contenido- que “algunos de los miembros del equipo han contribuido a un volumen de biografías andalusíes, con lagunas considerables”, refiriéndose al volumen en el que había colaborado y había sido asesora. En otro informe no confidencial, sin embargo, había dado su visto bueno (consta en autos del contencioso 1028/2004 y obran en mi poder cartas con su valoración positiva, así como los “informes confidenciales” con su valoración negativa, en los que concluye dando una puntuación de un 2 sobre 6 y señalando que el proyecto es de muy dudosa financiación).
CUARTO CASO.- El otro informe fue realizado en ambos años por Dña. Manuela Marín Niño. Así lo reconoció ella misma ante dos jueces diferentes en cada uno de los procesos, indicando que su “informe confidencial” había sido positivo a la concesión del proyecto. Dicho informe no aparecía en ninguno de los expedientes. Como los funcionarios del Ministerio aseguraban que solamente existían los informes que figuraban en el expediente, era evidente que alguien mentía. Finalmente, los informes de Manuela Marín no aparecieron pues alguien los debió sustraer del expediente en el Ministerio. Los jueces se desentendieron ante esta y otras anomalías que se demostraron en la fase de prueba indicando que el contencioso era “extemporáneo”. Bueno, no todos los jueces, pues el que había actuado como ponenente, asistiendo a los interrogatorios de las pruebas, discrepó al no considerarlo extemporáneo, razón por la que fue sustituido como ponente y hubo de emitir un voto particular, como consta también en autos. Si necesita que le amplíe cualquier extremo, quedo a su disposición para ello. Para la documentación adicional de los casos, le ruego que solicite copia de los contenciosos administrativos nº 1028/2004 y nº 511/2007 que se siguieron en la sección 3 de la Sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional. Si necesitara autorización del demandante, que soy yo, desde este mismo momento la tiene.
Aparte de denunciar estos hechos que entiendo punibles, quiero comprobar fehacientemente si eso que nos dicen de que vivimos en un estado de derecho es cierto o no y hasta qué punto, para poder también decirlo públicamente. Un amigo abogado me dice que no sea iluso y que no me crea que vivimos en un estado de derecho, a lo que le digo que, de ser cierto lo que dice, debe ser porque no lo denunciamos y no lo exigimos, empezando por él mismo y otros abogados, que tienen un buen negocio en las reclamaciones que luego no van a ningún puerto, con una justicia lentísima y colapsada, y es posible que tenga razón porque, si realmente hubiera Justica –note que en esta ocasión la escribo con mayúsculas- y los responsables de los abusos hubieran de responder realmente a la responsabilidad que asumen, seguramente no tendría que haber tantas denuncias pues los responsables no se atreverían a cometer los abusos de poder que cometen y que suelen quedar impunes, generalmente por la prescripción o la desidia. De cualquier forma, como considero que el que podamos conseguir un estado de derecho de hecho depende de que lo exijamos a los responsables, como Usted mismo, es por lo que le escribo.
De todo lo anterior se desprende que la piedra angular de estos y de muchos de los abusos que padecemos en nuestras universidades, reside en la confidencialidad de los informes de expertos. Así lo hacen la ANECA (Agencia Nacional de evaluación de la calidad y acreditación), dependiente del Ministerio de Educación, y la ANEP (Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva), dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación. Por ello, le pido que actúe en contra de estas actuaciones pues la legalidad vigente establece que los ciudadanos, en sus relaciones con las Administraciones Públicas, tienen derecho a conocer, en cualquier momento, el estado de tramitación de los procedimientos en los que tengan la condición de interesados, a obtener copia de documentos contenidos en ellos, y a identificar a las autoridades y al personal de las Administraciones Públicas bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos, incluidos quienes le emitan los informes. Esta práctica puede incluso llegar a ocultar una presunta malversación de fondos públicos, por las irregularidades en las concesiones, que son millonarias.
Resulta, además, llamativo que esta confidencialidad sólo se mantenga hasta que haya una intervención judicial pues me consta por experiencia que los jueces no entienden de confidencialidad en este tipo de informes y consideran un abuso de poder ocultarse en el anonimato, además de una patente de corso para la arbitrariedad y la posible creación de mafias.
Por otro lado, dada la funcionalidad de los informes, es condición necesaria de su eficacia que sean realizados por personas competentes en las materias en las que se permiten opinar. La omisión de su identificación imposibilita por completo toda labor de crítica hacia esas personas cuyos juicios de valor pueden perjudicar a los interesados, quienes quedan entonces indefensos ante semejante arbitrariedad, prohibida taxativamente por nuestra Constitución (artículo 9.3). Según entiendo, es un abuso de las instituciones que practican esa confidencialidad en los informes y resulta desproporcionado que sólo con la intervención de los jueces se pueda romper esa confidencialidad.
Mi intención última con estas denuncias es acabar con algo que entiendo que es ilegal de por sí, pero bastante extendido en los Ministerios de Educación y Ciencia e Innovación, los informes confidenciales, tras los cuales se esconde, por lo que he documentado en mi Área, una gran corrupción, y, si se extrapola al resto, seguramente sería escandaloso lo que podríamos encontrar investigando sobre el tema, por lo que le ruego que requiera a las autoridades correspondientes que se acabe de una vez por todas con los informes confidenciales, de forma que los autores de los mismos se responsabilicen de sus juicios en relación con lo/s informado/s.
Desde mi punto de vista, el problema de los I+D+I en España no es sólo que se haya de dedicar más dinero a este capítulo, sino que se gestione con una mayor transparencia sus concesiones, pues la utilización de los informes confidenciales consiguen una opacidad que favorece que, por lo que he comprobado, haya una importante corrupción.
A la espera de sus actuaciones, reciba un atento saludo de
Jorge Lirola Delgado

20/5/11

Ampliación de la denuncia al Fiscal de Almería

He presentado una ampliación de mi denuncia al fiscal y éste ha fijado una fecha para recibirme. Os reproduzco el texto que he presentado:
AL FISCAL JEFE DE ALMERÍA
Ilmo. Sr. D. Antonio Pérez Gallego
Jorge Lirola Delgado, mayor de edad, DNI 27.494.505-Y, Profesor Titular de Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Almería, con domicilio a efectos de notificaciones en este procedimiento en 04008 Almería, calle al-Andalus, 9, ante la Fiscalía de Almería comparezco y como mejor proceda en derecho, DIGO:
Que mediante el presente escrito quiero poner en su conocimiento una serie de hechos y de circunstancias en relación con la DENUNCIA presentada por quien suscribe el día 4 de mayo, que son:
Primero.- El día 5 de mayo quise celebrar una rueda de prensa en el Seminario del Departamento para dar cuenta a la prensa de la denuncia que realicé el día anterior. Antes de las 12 horas, que era la señalada, se presentó un guardia de seguridad, del que puedo facilitarle la identificación si lo cree pertinente, pues tomé nota, e indicó a los periodistas que iban llegando que si no tenían el carnet de Universitas habían de abandonar el recinto de la Universidad. Así se lo puede acreditar uno de los periodistas (Miguel Martín Alonso, de Teleprensa). La orden, según me informó el guardia de seguridad había sido dada por José Guerrero, Vicerrector de Estudiantes. Otro de los guardias de seguridad, que llegó con posterioridad, al que igualmente puedo identificar, traía la orden de que se necesitaba la autorización del Gabinete de Prensa para celebrar el acto y que, al no tenerla, no se podía celebrar, ni dentro ni fuera del Seminario y, aunque le pedí que me dijera dónde está escrito que sea así y con qué competencia actúa de ese modo el Gabinete de Prensa y por delegación de que autoridad u órgano, no supo contestarme y, aunque le pedí que se lo transmitiera a su superior y éste contestara, tampoco me consta que lo hiciera.
Segundo.- El día 5 de mayo, el Rector, D. Pedro Molina García, remitió a todo el personal de la Universidad (listas PDI, PAS, ALUMNOS) un comunicado, que le adjunto (doc. 1) en el que indica textualmente que “la Fiscalía determinará el archivo de esta falsa denuncia”. En lugar de ponerse a disposición suya para declarar y pedirle que llegue al fondo de la denuncia, exigiendo las responsabilidades correspondientes (a mí por formular una falsa denuncia, o al él, si comprueba que tiene respaldo), hace la anterior manifestación que, cuando menos es de gran temeridad, pues no consta que haya investigado los hechos que le denuncié, quizá porque ya los conocía, al estar implicado. De cualquier forma, por acción o por omisión, en ese punto creo que ha actuado de forma corrupta y es posible que, como dice el refrán, piensa el ladrón que todos son de su condición o adaptado a este caso, cree el corrupto que todos somos corruptos. Yo, por mi parte, confío en su profesionalidad y en que Usted sí investigará todos y cada uno de los hechos, antes de pronunciarse sobre los mismos, con total independencia, en cumplimiento de sus funciones de “promover la acción de la Justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados”. En ese sentido, vuelvo a ponerme a su disposición para que me tome declaración y me pregunte cuantos extremos crea oportunos para esclarecer todos los hechos, de forma que pueda cumplir diligentemente con su trabajo, para el que todos los ciudadanos le pagamos.
Tercero.- Ese mismo día, procedí a la contestación directa al Sr. D. Pedro Molina, rogándole que enviara mi respuesta a las mismas listas de PDI, PAS y ALUMNOS, a las que él tiene acceso y yo no, y ello fundamentalmente por su alusión a mis poco méritos académicos y entender yo que me asiste el derecho de réplica por alusiones personales que, además no venían al caso de mi denuncia. No ha accedido a mi petición. En mi contestación, enviada con posterioridad sólo a algunos miembros de la Universidad, a los únicos a los que he tenido acceso, podrá contrastar otros extremos a los que aludo (doc. 2).
Cuarto.- Como hago habitualmente cuando organizo algún acto en la universidad (conferencia, jornada, seminario, etc.), solicité para el día 12 de mayo la asignación de un espacio (Sala de Grados del Edificio C) con el fin de realizar una charla-coloquio con el tema “Corrupción en la Universidad”. Le adjunto copia (doc. 3). A diferencia de lo ocurrido en otras ocasiones, me pusieron problemas y me explicaron que debía autorizarla, personalmente, Dña. Isabel María Román Sánchez, Vicerrectora de Infraestructura, sin que éste sea el protocolo habitual. Ésta me pidió que le indicara dentro de qué programación estaba prevista, y que la petición debía ser suscrita por el órgano que programe dicha actividad (doc. 4). Y así lo hice (doc. 5), cumpliendo todos los requisitos que me habían impuesto, con tiempo suficiente. Inexplicablemente, la autorización no fue concedida y el Jefe del Servicio de Contratación, Patrimonio y Servicios Comunes, D. Siricio Ramírez Martínez, dio orden a Conserjería del edificio C de que no me fuese entregada la llave de la Sala solicitada mientras que no llegase la autorización de la Vicerrectora Isabel María Román, que no llegó, sin que yo sepa por qué. A la charla-coloquio, que celebramos en el Seminario, que estaba desocupado, asistió el Inspector de Servicios, D. Antonio Cañadas, al parecer enviado por D. Pedro Molina García. Dado que me confirmó que estaba en horario laboral, le pedí a D. Antonio Cañadas que tomara nota de las disfunciones que se están produciendo en la Universidad de Almería por acción o consentimiento de Pedro Molina, con objeto de que cumpla con sus funciones y mejoren ciertos servicios, entre ellos el suyo, en el que me consta que ha tapado diversas reclamaciones, sin que mostrara interés por hacerlo, sino que sus intervenciones fueron en el sentido de tratar de desacreditarme, como los numerosos testigos presentes pueden confirmar. En uno de los documentos que repartí en la charla se puede comprobar como en mi escrito de fecha de 7 de febrero mencionaba a los miembros de la Comisión que D. Pedro Molina nombró con posterioridad el 4 de abril y no es porque me comunicara el Rector a quién iba a nombrar, sino porque eran las personas con las que muy anteriormente se había puesto en contacto Dña. Luisa M. Arvide, una de las aspirantes a la plaza, como le indiqué a D. Pedro Molina.
Quinto.- Desde hace unos días, estoy compartiendo con otros compañeros de las universidades de España y parte del Extranjero mi denuncia, interesándose muchos de ellos, incluso aquellos a los que no tengo el placer de conocer, por ella, dándome ánimo para continuar, pues consideran que es importante establecer un referente positivo en la lucha contra la corrupción universitaria que, según me comentan, parece estar bastante extendida. Además, me piden que les informe de cómo progresa el tema, razón por la que le solicito el acceso al expediente completo de toda la denuncia, incluidas sus actuaciones, al creer yo también importante que tenga difusión este caso, como garantía de transparencia, respeto a la legalidad y el cumplimiento de nuestras responsabilidades como ciudadanos y profesionales en el desempeño de nuestra función pública, para la que nos pagan los ciudadanos.
Por lo expuesto,
SUPLICO A LA FISCALÍA DE ALMERÍA que, teniendo por presentado este escrito junto con los documentos adjuntos, se sirva admitirlo y añadirlo a la DENUNCIA interpuesta anteriormente.
OTRO SÍ DIGO: Otro mundo es posible. Sí, pero sólo si lo exigimos y ayudamos a construirlo nosotros mismos, sin dejar nuestro futuro en mano de trapicheantes.
Por ser de Justicia, que se pide en Almería a 18 de mayo de 2011.
Jorge Lirola Delgado
http://www.youtube.com/watch?v=8bwlbfvd9oE

18/5/11

Pedro Molina, rector corrupto

Quiero difundir el siguiente mensaje entre el mayor número de personas, especialmente porque en la charla-coloquio sobre "Corrupción en la Universidad", para la que nos puso impedimentos Pedro Molina de forma que no se pudiera celebrar, se puso de relieve que un gran número de personas dentro de la Universidad tienen miedo a represalias por parte de Pedro Molina y su entorno (Pepe Guerrero, Antonio Cañadas,...). De hecho, Pedro Molina envió a la charla a Antonio Cañadas, actual Inspector de Servicios, no para que tomara notas de las disfunciones que estuvimos comentando en la charla-coloquio, entre las que estaban precisamente el Inspector de Servicios y el Defensor Universitario, que son utilizados por Pedro Molina para reprimir a los denunciantes, sino para tratar de amedrentarnos, aunque su estrategia no surtió efecto y la gente empieza a perder el miedo y empieza a sentir la necesidad de exigir responsabilidades a los corruptos.
Yo, Jorge Lirola Delgado, Profesor de Estudios Árabes e Islámicos, por todos los hechos que he podido documentar, considero que Pedro Molina García, actual rector de la Universidad de Almería, es un rector corrupto, que ha mentido, ha prevaricado, que encubre irregularidades, intenta coaccionar y comete abuso de poder.
En un comunicado que envió a toda la comunidad universitaria de Almería, Pedro Molina García se mostraba seguro de que "la Fiscalía determinará el archivo de esta falsa denuncia". Por mi parte, estoy seguro de que la Fiscalía cumplirá con su obligación de investigar y comprobar la veracidad de mi denuncia, tomando declaración a todos los implicados y comprobando los hechos denunciados, con independencia y sin injerencia de autoridades como el propio rector, y actuará en consecuencia, exigiendo las correspondientes responsabilidades ante mi denuncia. Mañana tengo la intención de aportar al Fiscal Jefe de Almería nueva documentación sobre el caso, expresándole mi deseo de que me facilite, tras su trabajo, el expediente, para darle la máxima difusión, como garantía de transparencia, legalidad y responsabilidad.
Estoy poniendo los hechos en conocimientos del mayor número posible de compañeros de otras universidades, tanto nacionales como internacionales. Muchos de ellos me cuentan otros posibles casos de corrupción universitaria y piensan que ésta está bastante extendida. Es por ello por lo que creo que es muy necesario establecer un buen precedente que dé confianza a quienes trabajan por denunciar casos para tratar de desarraigar este gran mal que padecemos.
No nos merecemos en la Universidad de Almería, donde trabajamos un gran colectivo de personas, que nos esforzamos día a día, para dar lo mejor de nosotros mismos, a un rector corrupto que nos gobierne. En el resto, por supuesto, tampoco. Información sobre mi denuncia la podéis ver en los siguientes videos de youtube: http://www.youtube.com/watch?v=8bwlbfvd9oE http://www.youtube.com/watch?v=CrSjWZ0U3IM http://www.youtube.com/watch?v=6fRt_xvtsqo