20/10/12

Francisco Franco testifica en el juicio de la cátedra de Almería


Lo ha hecho por videoconferencia y parecía que fuese desde el más allá. Hubo cierto clamor en una sala concurrida cuando se dijo su nombre, “Francisco Franco, ¿está usted ahí?” y no aparecía en la pantalla. Dados los problemas de conexión, hubo que invocarlo varias veces para que se hiciera presente, apareciendo mientras tanto unas sillas vacías, con una bandera de España detrás.

El juez comenzó con el saludo, que no resultó nada militar, y las advertencias preceptivas de que jurase o prometiese decir la verdad y de que de no hacerlo podía incurrir en un delito penal.

Apenas se oía su voz desde el más allá y hubo que recurrir a aumentarla con un mando a distancia, pese a lo cual muchos de los presentes en la sala, entre los que había espectación, pues iba a ser el primer testimonio, se quejaban de que no llegaba bien el audio y tampoco podían verlo.

Más adelante reproduciré sus contestaciones, cuando tenga la grabación de audio y de video, pues son de antología, con silencios muy significativos. Para cada pregunta de si/no, emitía un largo discurso para intentar esquivar la pregunta.

Reconoció que Luisa Arvide lo había llamado y él le había manifestado su disponibilidad para estar en el tribunal de la cátedra a la que se presentaba Luisa Arvide. Y lo curioso del caso es que fue uno de los que oficialmente propuso el Rector, Pedro Molina.

Para contestar a si dimitió de vicesecretario de la SEEA tras mi elección de presidente, hizo igual, un largo discurso que también reproduciré. Pero el juez empezó a llamar la atención a mi abogado de que las preguntas no eran procedentes, interrumpiéndolo, en lugar de pedirle al testigo que fuera escueto en las contestaciones, como me pidió luego a mí (reproduciré igualmente mis contestaciones. Fui llamado a testificar por la parte demandada, pues el juez no aceptó que mi abogado me hiciera un interrogatorio de parte).

Preguntado Francisco Franco si le pidieron desde la ANECA emitir informe para la acreditación para cátedra para Luisa Arvide Cambra, se refirió al ANONIMATO DE LOS INFORMES (sic) y lo sorprendente del caso es que al juez sustituto Antonio Luis García Valverde le pareció normal, aceptó la respuesta e impidió que se rompiera la ilegal práctica de la confidencialidad que otros jueces profesionales no entienden y exigen a quienes se refieren a ello que den la información. No permitió el juez, al que considero totalmente parcial, que se le preguntara si desde la ANECA le pidieron emitir informe para la acreditación mía y por qué razones no lo hizo, pues a mí me consta ya que no lo emitió, lo que motivó que lo hiciera una persona que no era experta (muchos pensarán y qué diferencia hay, pues Francisco Franco de árabe sabe más bien poco).


Para enterarme de esa información, que entiendo crucial y que me causó graves perjuicios económicos y morales, habré de interponer una querella penal contra Francisco Franco, con reclamación económica, tanto en Almería como en Madrid, por lo que debe ir buscando abogado que esté dispuesto a desplazarse a ambas ciudades. Yo ya los tengo, dos, mejor que uno.

19/10/12

Primeras valoraciones del juicio sobre la legalidad de la cátedra de árabe


En primer lugar, considero que el juez sustituto del Juzgado Contencioso-Administrativo nº 3 de Almería, Antonio Luis García Valverde, ha actuado con parcialidad durante el juicio, dejándome en indefensión, al impedir que se le hicieran una serie de preguntas fundamentales a los testigos, que reconocían que les había pedido una candidata que formaran parte del tribunal que había de juzgar la plaza que ella quería obtener. Anteriormente, en el caso de mi sanción, el mismo magistrado demostró poco acierto al no conceder la suspensión cautelar, teniendo que rectificarlo el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, con unas circunstancias agravantes, pues se negó con reiteración a comprobar si su auto de no concesión estaba, aparte de falto de motivación, basado en un falso testimonio del Vicerrector José Luis Martínez Vidal. Le insistí una y otra vez que alguien mentía y cometía un delito penal contra la administración de justicia, de gran repercusión en la suspensión cautelar: o Martínez Vidal o yo mismo al acusarlo falsamente y entiendo que debía aclararlo.

A pesar de esos intentos del juez para que no se profundizara en el tráfico de influencias y el fraude de ley que se ha dado en el nombramiento del tribunal que había de juzgar la cátedra de árabe, se ha podido constatar que fue una persona que se presentaba la que pidió a unos catedráticos determinados que estuvieran en el tribunal, dándose la circunstancia de que aquel que, según la normativa vigente debía estar, no fue nombrado al no tener garantizada la candidata que le iba a votar. No se ha podido demostrar del todo por la obstaculización para llegar al fondo del juez que el tribunal se nombró con personas que tenían manifiesta animadversión hacia mí, como forma de garantizar que sería Luisa Arvide quien obtuviera la plaza, en el caso de que yo pudiera finalmente presentarme. Sí ha quedado demostrado que se debía haber seguido lo que establecen los estatutos y no el reglamento, pues no había nada que justificara el que se aplicara un reglamento de rango inferior sobre unos estatutos de rango superior.

Según la abogada de Pedro Molina, Carmen Pilar Pulido Egea, yo no estoy legitimado para exigir que se aplique el procedimiento legalmente establecido y se anule la cátedra por las anomalías comentadas. Trata así de esquivar que se entre en el fondo del tema, pues es más que evidente que está perdido el caso por su parte.  Es una hipocresía y lo digo bien alto, una hipocresía de Pedro Molina y su abogada, pues, cuando les interesó que se anularan las cátedras ocupadas por Agapito Maestre y Miguel Martínez, de Filosofía y Filología Inglesa, respectivamente, sí se consideró que estaban legitimados para pedir la anulación los recurrentes que eran Cayetano Aranda Torres, actualmente del equipo de Pedro Molina en el Servicio de Publicaciones, y Amalia Miras Baldo y María Elisa Prieto Barrero, la esposa de José Guerrero Villalba, mano derecha de Pedro Molina. El TSJA rechazó entonces la petición de inadmisibilidad pedida “no sólo porque, como ha declarado el Tribunal Constitucional –sentencias 60/1.982, de 11 de octubre y 160/1.985, de 28 de noviembre-, el concepto de interés legítimo es mucho más amplio que el de interés directo, dado el alcance que cabe atribuir al Art. 24.1 de la Constitución, en relación con lo también preceptuado en la Disposición derogatoria tercera del mismo Texto Fundamental, sino, además, porque, estando legitimados los recurrentes, como Profesores Titulares de Universidad, para intervenir en los procesos selectivos impugnados, no puede negárseles su legitimación para acudir a la vía jurisdiccional, en relación con todas las incidencias que puedan producirse en tales procesos selectivos”.

Además, como miembro del área y del Departamento tengo un interés legítimo en que mis compañeros sean los más capacitados e idoneos, de acuerdo con las previsiones legales, pues lo contrario 1) me conlleva el perjuicio de que el equipo de profesores donde estoy integrado no esté formado por los mejores (lo cual repercute negativamente en mi trabajo cotidiano) y 2) desprestigia mi centro de trabajo debido a que allí se elige a la gente a dedo en lugar de conforme a la ley, lo cual me causa un perjuicio de cara a la opinión pública, pues se me asocia con ese área donde se realizan prácticas irregulares. Mi interés legitimo en exigir que se cumpla la legalidad vigente y verme amparado en dicha pretensión es obvio, pues, por no respetar la normativa, se me causan los perjuicios antes mencionados.

La sentencia habrá de emitirla en breve el magistrado sustituto. Espero que con mayor imparcialidad de cómo ha llevado el juicio, pues me ha dejado en indefensión para poder probar hechos de especial transcendencia, aunque las irregularidades eran tantas, que desbordaban por todos lados. Él tiene en sus manos una gran responsabilidad, la de impartir Justicia, y yo voy a estar muy al tanto de exigirle que la imparta, de forma responsable, con todas sus consecuencias, dando publicidad a todo el proceso, incluidas las preguntas y los puntos que ha impedido que afloren.

Primer capítulo del culebrón del contencioso de la cátedra de árabe de Almería


Empiezo con las muchísimas noticias que se han generado en las más de dos horas y media de juicio.
1) El juez me ha dejado en indefensión, no aceptando que mi abogado realizara muchas de las preguntas que había que hacer y que iré explicitando más adelante.
2) Ha quedado demostrado, desde mi punto de vista, que no solo no se siguió el procedimiento legalmente establecido, sino que también ha habido tráfico de influencias y se ha podido demostrar que una persona que se presentaba a la plaza habló con catedráticos para que estuvieran en el tribunal. Así lo han reconocido Francisco Franco, Alfonso Carmona y Emilio Molina. También le preguntó a Javier Aguirre que a quién votaría si me presentaba yo y al decirle que creía que yo tenía más curriculum, no lo designaron.
3) Se ha puesto en evidencia que Josep Puig Montada, Catedrático de la Universidad Complutense, es pobre y no tenía dinero para comprar un billete para venir a testificar al juzgado de Almería, por lo que había pedido que se le adelantaran los fondos. Como el juez, sin decirme nada a mí, le indicó que tenía que venir y que después pidiese que se le reembolsara, decidió no venir. La consecuencia, aparte de no responder a las preguntas y no aclarar extremos importantes, es que será más pobre, pues tendrá que pagar una multa. Tendremos que hacer una colecta para que pueda pagar el pobre la multa.
4) Tampoco ha comparecido, sin dar explicaciones, Bárbara Herrero Muñoz-Cobo, Profesora de árabe de la Universidad de Almería y testigo importante, pues según el director del Departamento fue quien pasó una lista con catedráticos que serían imparciales y le informó de las relaciones de poder en el arabismo, aunque el director del Departamento, Juan Luis López Cruces, se ha desdicho de sus propias palabras. Tendrá que pagar otra multa, aparte de obstaculizar el que se sepa la verdad y facilitar que se haga Justicia.
5) Ahora los testigos pueden pedirme que les abone las facturas. Que las presenten y que lo pidan. Ya iré estudiándolas, haciéndolas públicas y contestando en cada caso. Espero que también tengan la decencia de contestar a las preguntas que ha impedido el juez que les haga (imagino que éste también tendrá responsabilidad en esta cuestión) y que también iré haciendo públicas para que contesten. A María Jesús Viguera tendré que hacérselas llegar de varios modos, pues ha declarado que ya está muy mayor para leer todo los correos electrónicos, todos los libros y muchas cosas y que los míos no los lee. ¡Pobrecita! Procuraré decírselo en pocas palabras para no molestarla mucho.
Seguiré con un montón de temas interesantes que creo que se han planteado.

17/10/12

Juicio sobre si el Rector Pedro Molina aplicó la legalidad en la convocatoria de la cátedra de Árabe


Os recuerdo que el próximo viernes, a las 11:50, en la ciudad de la Justicia de Almería (Carretera de Ronda, 120), planta 0, sala 7 (la han cambiado a ella desde la 6 prevista inicialmente), tendrá lugar la vista pública sobre la legalidad de la convocatoria de la cátedra de árabe,  tras la cual el magistrado Antonio Luis García Valverde tendrá que emitir sentencia.

Yo mantengo que la convocatoria no se ajustó a la legalidad vigente entonces, que forzó Pedro Molina para que obtuviera la plaza la persona que a él le interesaba, Luisa Arvide, quien se ha personado de parte del Rectorado en el procedimiento. También he denunciado que la persona que propusó al tribunal fue la que se presentaba a la plaza y que la obtuvo, lo que, igualmente, es ilegal.

En la vista pública habrán de testificar varias personas: Juan Luis López Cruces, quien era entonces Director del Departamento que convocó la plaza, los profesores Bárbara Herrero y Javier Aguirre, ambos profesores de Estudios Árabes de la Universidad de Almería, así como los catedráticos Emilio Molina López (Universidad de Granada), Alfonso Carmona (Universidad de Murcia), Francisco Franco (Universidad de Alicante) y María Jesús Viguera y Josep Puig (ambos de la Universidad Complutense de Madrid). Francisco Franco también está implicado en otro caso de presunta corrupción que se sustancia en un contencioso en la Audiencia Nacional en Madrid, por ser informante confidencial de la ANECA, agencia encargada de acreditar a las personas que pueden presentarse a las plazas.

El juez, Antonio Luis García Valverde, es el mismo que no me concedió la suspensión cautelar hace meses, siendo después desacreditado por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con sede en Granada. Será de gran interés el desarrollo del juicio y la posterior sentencia, en especial la motivación que se haga en la misma, a la vista del desarrollo del juicio. Por eso os animo a todos los medios de comunicación a asistir a la vista pública, para conocer directamente el desarrollo de las argumentaciones de la parte demandante (yo, Jorge Lirola) y la demandada (el Rectorado de la Universidad de Almería, representada por Carmen PIlar Pulido Egea, Jefa del Gabinete Jurídico de la UAL), así como la que haga otra de las partes afectadas, Luisa Arvide, personada en el procedimiento judicial.

No sería la primera vez que se anula una cátedra en la Universidad de Almería, pues en sentencia del año 1998 se anularon dos, una de Filosofía y otra de Filología Inglesa, sentencia que ejecutó el equipo de gobierno en el que estaba como vicerrector Pedro Molina, quien defendió entonces la anulación judicial. En aquel caso, bastó que no se hubiera emitido un informe del Departamento para anular las cátedras, lo que supuso que quienes las ocupaban se fueron directamente al paro, al haber renunciado previamente a las plazas que tenían en otras universidades. Yo también había interpuesto un contencioso contra la convocatoria de la cátedra de árabe, convocadas como las otras en 1995, por la misma razón, si bien, al obtener la plaza no la persona que tenía prevista el Rector de la Universidad, entonces Alberto Fernández, y que era Luisa Arvide, la misma que la ha obtenido ahora, retiré el procedimiento antes de que hubiera sentencia para no perjudicar a una persona que yo entendía que no había participado en la ilegalidad. Una de las testigas, María Jesús Viguera fue elegida, por sorteo entonces, en el tribunal, si bien dimitió. En este caso, la anulación de la cátedra tan solo supondría que la profesora afectada volvería a ser titular de la universidad en lugar de catedrática.

Es previsible que, en el transcurso de la prueba testifical, se produzcan testimonios contradictorios, lo que supondrá que alguno de los testigos miente, lo cual es un delito penal que atenta contra la administración de la Justica, lo que seguramente llevará a engrosar la posterior querella que tengo intención de interponer.

16/10/12

Mi experiencia con la corrupción de la ANECA


Como ya había anunciado, la confidencialidad de los informes que aplica la ANECA se quiebra en cuanto entra en juego un juez y le pides que empiece a aplicar Justicia. El expediente que la ANECA trasladó a la Audiencia Nacional, donde se tramita mi caso, presentaba enormes lagunas. Por ello le pedí a la Sala la ampliación del mismo para que no continuase la indefensión en la que me dejaba la ANECA. De esa forma he podido enterarme de puntos cruciales y formular la demanda.

Según el plantel de “Estudios Árabes e Islámicos” de la ANECA para las cátedras, podían actuar como expertos Jorge Aguadé, Maribel Fierro y Francisco Franco. Dos de ellos debían evaluarme y decidir si yo me merecía la acreditación para poder presentarme a una cátedra, que había de juzgar otro tribunal (sobre el que tenemos el juicio el próximo viernes 19 de octubre, en vista pública, por lo que puede asistir quien lo desee. Ciudad de la Justicia de Almería, Carretera de Ronda, 120, Planta 0, sala 6).

Primera irregularidad de la ANECA: Me evaluó un solo experto, Jorge Aguadé (Universidad de Cádiz), siendo el otro evaluador César Chaparro Gómez, Catedrático de Latín de la Universidad de Extremadura, por lo que no era experto en Estudios Árabes e Islámicos. Hay que aclarar si le pidieron informes a los otros expertos: Maribel Fierro (CSIC) y  Francisco Franco (Universidad de Alicante), y la razón de que ellos no los emitieran, como entiendo que debían haberlo hecho. Corría el verano del 2010.

Segunda irregularidad: En los informes de los expertos no figura calificación alguna, sino que parecen ser los miembros de la Comisión, presidida por Alfredo Morales Gil, Catedrático del Departamento de Análisis Geográfico de la Universidad de Alicante, en la que no hay ningún experto en la materia, la que me otorgó 77 puntos sobre 100, siendo precisos 80 para ser acreditado. Es lo que denuncio en el capítulo 2 de chanchullos university: http://www.youtube.com/watch?v=Po_Fu8wYb_Q

Tercera irregularidad: Presenté reclamación ante la ANECA y ésta la desestimó directamente, sin estudiarla, remitiéndome un escrito donde me trataba de “la reclamante” y recordándome que los informes de los expertos no eran vinculantes y la Comisión podía hacer, discrecionalmente, lo que le viniera en gana. Eso no es discrecionalidad, sino arbitrariedad, y los poderes públicos la tienen expresamente prohibida.

Cuarta irregularidad: Volví a presentar reclamación, en esta ocasión ante el Consejo de Universidades del Ministerio de Educación y éste vio “indicios de que la valoración otorgada a la actividad investigadora y la actividad docente o profesional del reclamante no parece corresponderse con los méritos acreditados” y le exigió a la ANECA que efectuara nuevas evaluaciones, “con especificación de la puntuación otorgada a la investigación acreditada con posterioridad a los sexenios reconocidos”. Desconozco si la ANECA volvió a pedirles a Maribel Fierro y a Francisco Franco que evaluaran, pero éstos no lo hicieron y desconozco nuevamente la razón (deben aclararlo ellos), sino que me evaluaron dos personas que no eran expertas: José Luis Vidal Pérez, Catedrático de Filología Latina de la Universidad de Barcelona, y Enrique Bernárdez Sanchís, Catedrático de Filología Inglesa de la Universidad Complutense, que sabe un montón de lenguas, pero no árabe. La ANECA ocultó esta información al Consejo de Universidades, al que le dijo que lo había hecho bien, y a mí. Se me dió un punto adicional, por 5 años de trabajo intensivo en la “Biblioteca de al-Andalus” (4 volúmenes publicados en ese periodo, aparte de otros trabajos adicionales), además de que se mantenía un 22 sobre 35 por mi docencia, donde había presentado que había impartido todas las asignaturas que se ofrecían en mi área y en las encuestas los alumnos me evaluaban rayando la nota máxima, muy por encima de la media.

Francisco Franco actuó después como presidente del tribunal de la cátedra en Almería. El juicio sobre la misma iba a celebrarse el 25 de mayo de 2012, pero pidió no venir a testificar porque no se iba a encontrar en España. Por esa razón, se retrasó la vista pública al 19 de octubre y ahora ha pedido no venir al juicio y testificar por video-conferencia. Es testigo clave, pues yo mantengo que tiene manifiesta animadversión hacia mí desde octubre de 2010, al menos, como demostró al dimitir cinco minutos después de salir reelegido vicesecretario de la Sociedad Española de Estudios Árabes (SEEA) por el hecho de que en esa misma votación salí elegido yo Presidente de la misma y habíamos aprobado anteriormente solicitar a los organismos oficiales que acabaran con la mala práctica de los informes confidenciales. Después, 30 de septiembre de 2011, se dio de baja en la SEEA, sin pagar incluso la cuota anual del año transcurrido en el que se presentó a la reelección y salió elegido. Por otra parte, la Universidad de Alicante, intervino también en el expediente sancionador que Pedro Molina me abrió, a través de Daniel Pastor Javaloyes, director del Servicio Jurídico de dicha universidad, a la que pertenece Francisco Franco.

Envío copia de este mensaje a todas las personas a las que menciono, para que, si tienen buena voluntad, aclaren lo que crean oportuno, ofreciéndome a remitir su contestación a las mismas personas a las que he enviado este otro y, si también me lo piden, a hacerlo público a través de mi blog de denuncias.